El Sindicato Médico acusó al subsecretario de Trabajo de ser un “títere” del Gobierno provincial
El gremio cuestionó el rol de Franco Marchese en la negociación salarial y denunció falta de imparcialidad mientras crece la tensión con el Gobierno.
Marzo viene siendo un mes atravesado por tensiones en las paritarias de los trabajadores de la Provincia. Los estatales, a través de UPCN, ya aceptaron su acuerdo salarial. Los gremios docentes, en tanto, acumulan ocho reuniones y esperan una novena este miércoles. En ese contexto, el Sindicato Médico amagó con un paro que quedó en suspenso tras la intervención de la Subsecretaría de Trabajo. En las últimas horas, su secretario general, Daniel Sanna, lanzó una definición contundente: “Este personaje —en referencia a Franco Marchese— es un títere cuyos hilos se manejan desde la Casa de Gobierno”.
La declaración, de tono impiadoso, fue difundida a través de la página de Facebook del Sindicato Médico, el canal que eligió Sanna para expresarse, ya que no mantiene contacto con la prensa. Este medio intentó comunicarse con él en varias oportunidades, sin éxito. Aun así, sus intervenciones públicas en redes sociales no dejan lugar a dudas.
“Es lo más recalcitrante del bloquismo. No le hizo falta una reforma laboral para dictarnos dos conciliaciones obligatorias y judicializar el conflicto”, agregaron desde el gremio, en referencia al titular de la subsecretaría.
“La Subsecretaría de Trabajo está para mediar entre los trabajadores y la patronal, no para tomar partido abiertamente por esta última. Han transformado a la dependencia en una escribanía del Gobierno provincial, donde los trabajadores y las instituciones que los representan no tienen garantías”, señaló el comunicado difundido a primera hora de este miércoles.
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El 5 de marzo, los médicos sanjuaninos anunciaron un paro general para los días 18 y 19, junto con una serie de movilizaciones. La medida incluía la no asistencia a los lugares de trabajo. Si bien el eje del reclamo es la política salarial, los profesionales de la salud advierten que el sistema arrastra una crisis desde hace años con congelamiento de salarios, sospechas sobre el manejo del presupuesto hospitalario y críticas a la conducción del Hospital Rawson.
Al día siguiente, el Sindicato Médico informó que, tras una reunión con autoridades del Ministerio de Hacienda y del Ministerio de Salud, se resolvió pasar a un cuarto intermedio.
En las últimas horas, el gremio volvió a apuntar contra Franco Marchese, a quien calificó como un “títere” del Gobierno.
Marchese es un bloquista disidente, alineado con el exintendente de la Capital Enrique Conti. Asumió el cargo en diciembre de 2023, con el inicio de la gestión de Marcelo Orrego.
Abogado de profesión, formó parte del grupo de dirigentes expulsados del Partido Bloquista en 2021 por decisión de Luis Rueda, hoy aliado del oficialismo. En aquel momento, la medida alcanzó también a Conti, Juan Domingo Bravo, César Aguilar (coordinador del Gabinete de Susana Laciar en Capital) y Anselmo Aballay (esposo de la ex diputada nacional María de los Ángeles Moreno), todos ellos con participación electoral en las filas de Juntos por el Cambio.
En 2023, Marchese fue uno de los letrados que impulsó la impugnación de la candidatura de Sergio Uñac ante el Tribunal Electoral Provincial, en nombre del lema Unidos por San Juan.
El conflicto con el subsecretario de Trabajo también se inscribe en la disputa docente. Allí, Marchese invocó la reciente reforma laboral nacional —impulsada por el presidente Javier Milei— para exigir que se garantice un 75% de presentismo en las escuelas durante cualquier medida de fuerza.
Se trató del primer antecedente en el que se aplica este apartado de la normativa para frenar una huelga docente, lo que marca un punto de inflexión en la relación entre el Estado y los sindicatos. En ese marco, la salud pública también está considerada como servicio esencial dentro de la reforma, por lo que, ante una huelga, debe garantizar el mismo nivel de presentismo.
El último martes, se conoció que los abogados de los gremios docentes Roberto Correa Esbry, Marcelo Arancibia y Pascual Persichella presentaron un recurso jerárquico para solicitar la nulidad de las resoluciones N° 039-ST-2026, 040-ST-2026 y 041-ST-2026 de la Subsecretaría de Trabajo que intimaban a los sindicatos a garantizar un 75% de prestación del servicio educativo durante las medidas de fuerza y a presentar un plan de acción detallado bajo apercibimiento de ley.
Los gremios sostienen que el procedimiento es ilegal y denuncian que la Subsecretaría impuso estas condiciones de manera unilateral, sin respetar las instancias obligatorias de negociación previa ni la intervención de la Comisión de Garantías.
También cuestionan la competencia de la autoridad provincial, al considerar que se atribuyó facultades propias del régimen laboral nacional. En esa línea, advierten una violación del derecho de huelga. Sostienen que calificar a la educación como “servicio esencial” contradice la Constitución Nacional y convenios de la OIT, ya que su interrupción no pone en riesgo la vida ni la salud de la población.
En ese marco, acusan al subsecretario de Trabajo, Franco Marchese, de actuar con parcialidad a favor de la patronal estatal y de abandonar su rol de mediador neutral.
El recurso solicita que se declare la nulidad absoluta de las resoluciones mencionadas. También pide la suspensión inmediata de los efectos de la Resolución N° 040-ST-2026 —como medida cautelar— para evitar daños irreparables al derecho de huelga, y plantea la inconstitucionalidad del régimen aplicado.