Preguntas difíciles, datos que importan y cómo se llegó hasta acá: las claves para entender por qué un ente nacional le dio una línea eléctrica provincial al proyecto Vicuña
Los sanjuaninos pagaron durante dos décadas la construcción de una línea eléctrica provincial. Una resolución nacional acaba de entregarle el 90% de su capacidad a una minera privada por 25 años.
El Ente Nacional Regulador de la Electricidad (ENRE) otorgó el 90% de la capacidad remanente de una línea eléctrica provincial a la minera Vicuña Corp. La línea fue pagada por los sanjuaninos durante dos décadas. Lo que sigue es la historia de un lobby nacional que dispuso de una eléctrica provincial y le sacó al Gobierno provincial su principal carta de negociación ante las mineras.
La resolución 079/26 del ENRE le reservó a Vicuña el 90% de la capacidad remanente de una línea eléctrica pública por 25 años.
Para entender el conflicto, hay que imaginar el sistema eléctrico de San Juan como una gran autopista. La avenida principal es el corredor Mendoza–San Juan: la única entrada de electricidad a la provincia desde la red nacional. Y ya está al límite — el propio Ente Provincial Regulador de la Electricidad (EPRE) advirtió que esa línea se encuentra estructuralmente comprometida.
La línea Nueva San Juan–Rodeo es la extensión de esa autopista hacia el norte: recorre 162 kilómetros desde La Bebida, en Rivadavia, hasta la estación transformadora de Rodeo, en el departamento de Iglesia, y abastece además a Jáchal, Calingasta y Valle Fértil. Esta es la línea en disputa.
Su construcción costó alrededor de 100 millones de dólares, financiados al 50% por el Fondo Fiduciario del Transporte Eléctrico Federal y al 50% por la provincia, a través de una contribución que los sanjuaninos pagaron durante dos décadas en la boleta de la luz. Hoy opera a 132 kV, aunque fue diseñada para funcionar a 500 kV — una actualización cara que el Gobierno provincial todavía tiene pendiente.
Red eléctrica en disputa: San Juan y el proyecto minero Vicuña
Cliqueá cada punto o línea para ver más información · Fuente: ENRE / EPRE San Juan
Sin esa línea, Vicuña no puede operar. El proyecto minero necesita partir de la estación de Rodeo para construir desde allí su propia extensión hasta la mina, de unos 167 kilómetros. Ese dato era la carta más valiosa que tenía el Gobierno provincial: a cambio de autorizar el acceso a la línea San Juan-Rodeo, podía exigirle a la empresa que co-financiara la actualización pendiente a 500 kV. La lógica era simple: si querés usar lo que construimos, ayudá a terminarlo. Pero el Ejecutivo nacional tenía otros planes.
José Morea, director de Vicuña en Argentina, se desempeñó durante el gobierno de Macri como subsecretario de Participación Público-Privada bajo el Ministerio de Finanzas conducido por Luis Caputo — el mismo Caputo que hoy es ministro de Economía del gobierno de Milei, cartera de la que depende el ENRE. Los dueños de Vicuña se reunieron tres veces con el presidente Javier Milei en menos de siete meses, más que cualquier otra empresa del sector. Una mesa chica nacional que pintó al óleo a la gestión provincial.
El propio EPRE también señaló que la provincia estaba evaluando financiar algunas obras del tendido eléctrico con acuerdos público-privados. Es decir que empresas como Vicuña aporten fondos para la infraestructura a cambio de derechos de acceso. Es el modelo que ya ha funcionado en otras obras provinciales. La resolución del ENRE cerró esa puerta antes de que se abriera la negociación.
«San Juan, a través de la coordinación entre las autoridades competentes y este Ente Regulador, está analizando y evaluando distintas alternativas de financiamiento para la ejecución de nuevas obras de transporte en extra alta tensión (energización en 500 kV de la EAT Nueva San Juan-Rodeo y LEAT Rodeo Chaparro), a ser integradas en el Sistema Argentino de Interconexión y redes del sistema interconectado provincial de San Juan, incluyendo mecanismos de colaboración público-privada, similares a los ya implementados exitosamente en la Provincia”, señaló el EPRE en su pedido de audiencia.
Esa cadena de vínculos no pasó desapercibida en San Juan, donde incluso otras mineras — como McEwen Mining, dueña del proyecto Los Azules — presentaron oposición formal ante el ENRE por la resolución a favor de Vicuña. Según trascendió en medios de comunicación, Meding pudo plantearle el problema en persona al ministro de Economía Luis Caputo, en Nueva York en medio del Argentina Week que protagoniza el presidente argentino.
La noticia se conoció mientras el gobernador Marcelo Orrego estaba en Vancouver — uno de los principales centros mundiales de la industria minera — para reunirse con empresas del sector, incluida la propia Vicuña.
Este medio le consultó a la empresa si, a pesar de la resolución, estaba dispuesta a aportar el financiamiento para completar la línea. La respuesta fue cuidadosa: «puede ser prematuro hablar de un compromiso para financiamiento», dijeron.
Una mina de cobre a gran escala consume electricidad de manera constante y masiva: para triturar roca, mover equipos gigantes, procesar el mineral y bombear agua. El proyecto Vicuña (Josemaría + Filo del Sol) es uno de los depósitos de cobre más grandes de América del Sur. Su demanda energética es comparable a la de una ciudad mediana.
Es solo lo que «sobra» después de descontar lo que ya consume el sistema provincial. Pero hay una trampa: ese cálculo se hizo sobre la capacidad futura a 500 kV, que todavía no existe. Se está repartiendo algo teórico, sin saber cuánto va a crecer la demanda provincial en los próximos 25 años.
Es el centro del debate jurídico. El EPRE sostiene que la línea es infraestructura provincial y que el ENRE —organismo nacional— no puede disponer de ella sin el acuerdo de la provincia. Si esa postura prospera judicialmente, la resolución podría impugnarse. Pero mientras tanto, sigue vigente.
La empresa planea construir la línea Rodeo–Chaparro de ~167 km para conectar la mina con la red. Pero esa obra la beneficia principalmente a ella. La provincia esperaba negociar que Vicuña también co-financiara la actualización a 500 kV de la línea pública. Al obtener el acceso sin condiciones, ese acuerdo nunca se concretó. Cuando este medio consultó si estaban dispuestos a aportar ese financiamiento, la empresa respondió que «puede ser prematuro hablar de un compromiso».
Ese es el riesgo más grande. La resolución es por 25 años. Si la demanda provincial crece —por población, industria o nuevos parques solares— y el 10% restante no alcanza, San Juan debería construir nuevas líneas a su propio costo. Y si quiere acceder a la capacidad que le cedió a Vicuña, tendría que negociarlo con la propia minera.
Desde Vicuña aclararon a La Mecha que la resolución del ENRE «no implica que la empresa tenga control sobre la infraestructura eléctrica de San Juan ni exclusividad».
Fuentes en off expresaron que «cualquier proyecto que requiere energía puede solicitar la conexión, y si la capacidad no alcanza «proponer ampliaciones».
Amparados en la normativa, señalaron que cuando una empresa financia una ampliación específica «puede tener prioridad de uso sobre la capacidad adicional de esa obra». La ampliación a la que se refieren es la la línea Rodeo-Chaparro, que Vicuña financiará ya que necesita llevar energía al extremo norte de la provincia, donde instalará su campamento. «La prioridad no implica exclusividad sobre la red ni impide solicitudes de otros proyectos», cerraron.
Financiada con plata pública
El 50% de la obra lo pagó el Estado nacional y el otro 50% la provincia de San Juan, a través de fondos fiduciarios que se nutren de las facturas de luz de los sanjuaninos.
Se repartió lo que aún no existe
La línea fue construida para 500 kV pero hoy funciona a 132 kV. El ENRE asignó el 90% de una capacidad remanente calculada sobre una operación futura que todavía no ocurrió.
Cuatro departamentos que dependen de esta línea
La obra fue construida para abastecer a Iglesia, Jáchal, Calingasta y Valle Fértil. Calingasta ya sufre microcortes. Con el 90% del remanente reservado para la mina, el margen para el crecimiento provincial es mínimo.
Los parques solares también pierden
Uno de los objetivos originales de la línea era evacuar la energía de los parques solares del corredor andino —312 MW previstos— al resto del país. Esa capacidad ahora compite con la demanda de Vicuña.
El sueño de la malla nacional, postergado
San Juan planeaba extender la red hasta La Rioja para dejar de ser «cola de línea» en la red nacional. Esa obra requería co-financiamiento privado. Con el acceso garantizado a Vicuña sin condiciones, nadie tiene incentivo para pagar.
¿Tenía el ENRE jurisdicción?
La línea es infraestructura provincial. El EPRE objetó la resolución: el ente nacional no puede disponer de activos provinciales sin el acuerdo de la provincia. El conflicto jurídico está abierto.
Una mina de cobre de la escala de Vicuña consume electricidad de manera constante y masiva — comparable al consumo de una ciudad mediana. Para abastecerse, la empresa trazó un plan en dos pasos: usar la línea pública Nueva San Juan–Rodeo para llegar hasta el norte, y desde Rodeo construir su propia línea hasta la mina y así abastecer la futura extracción de cobre. Pero para construir los 167 kilómetros hasta Rodeo necesita utilizar la línea provincial ya existente.
Una resolución nacional que omitió al ente provincial
El Ente Provincial Regulador de la Electricidad (EPRE) emitió un comunicado exigiendo una audiencia pública y advirtió que las líneas existentes «se encuentran estructuralmente comprometidas para el abastecimiento presente». En otras palabras: el sistema eléctrico provincial no tiene margen, es decir que esa «capacidad remanente» que el ente nacional nacional le otorgó a Vicuña es inexistente.
San Juan diseña un plan energético integral
La provincia planifica la línea Nueva San Juan–Rodeo con tres objetivos: mejorar el servicio al norte, conectar los parques solares con la red nacional y preparar la extensión futura hacia La Rioja.
Se construye con fondos públicos al 50/50
El Estado nacional (Fondo Fiduciario del Transporte Eléctrico Federal) y la provincia financian la obra en partes iguales. Los sanjuaninos aportan su parte durante dos décadas a través de la factura de luz.
La línea entra en servicio a 132 kV — muy por debajo de su capacidad
Diseñada para 500 kV, comienza a funcionar a 132 kV. La energización a plena potencia requiere obras adicionales costosas que todavía no se realizaron.
San Juan tenía una palanca: el acceso a cambio de financiamiento
Sin la línea, Vicuña no puede operar. La provincia planeaba negociar que la minera co-financiara la actualización a 500 kV a cambio de derechos de acceso. Un modelo público-privado que ya había funcionado en otras obras.
El ENRE le otorga el 90% del remanente a Vicuña Corp por 25 años
Sin audiencia pública y sin consultar a la provincia, el ente regulador nacional reserva el grueso de la capacidad disponible de la línea para el proyecto minero de cobre. San Juan se entera por la resolución publicada — y pierde su herramienta de negociación de un día para el otro.
El EPRE objeta la resolución y amenaza con ir a la Justicia
El regulador provincial advierte que el corredor ya está «estructuralmente comprometido» para abastecer a los sanjuaninos, que el ENRE no tenía facultades para disponer de infraestructura provincial, y que llevará la causa a la Justicia de ser necesario.
El EPRE fue contundente en su presentación: «La pretensión de capturar a futuro el 90% de la capacidad remanente actual constituye un ejercicio abusivo del derecho de acceso, que desnaturaliza la función social y estratégica del sistema de transporte, subordinando el interés general de la población de San Juan a un interés privado particular».
En principio, la línea existente fue construída con tres objetivos. Primero, mejorar la seguridad y calidad del suministro eléctrico en Iglesia, Jáchal, Calingasta y Valle Fértil. Segundo, evacuar energía generada por los parques solares del corredor andino al resto del país. Tercero, conectarse la futura Estación de Rodeo con La Rioja, lo que haría que San Juan se integre a la red eléctrica nacional.
El escudo técnico de la empresa minera es que se le otorgó el 90% de la capacidad remanente, es decir lo que no se utiliza para abastecer al sistema eléctrico provincial. Desde Vicuña salieron a aclarar que la resolución no les da control sobre la infraestructura provincial ni exclusividad sobre el sistema. Dijeron que la prioridad de uso no impide que otros proyectos presenten sus propias solicitudes.
Sin embargo, el EPRE señaló un problema concreto: la capacidad remanente fue calculada sobre la operación futura a 500 kV, que todavía no existe. En otras palabras, se repartió un excedente teórico, sin saber cuánta demanda provincial habrá cuando esa actualización finalmente ocurra.
El EPRE aseguró que llevará la causa a la Justicia de ser necesario. «Debe ser financiado por el solicitante salvaguardando la calidad del sistema eléctrico provincial», aseguraron. El ente provincial exige un acuerdos con la provincia y la Secretaría de Energía de la Nación en los que se convengan los aportes que los proyectos harán.