San Juan ante el abismo hídrico: ¿Por qué la ley actual es el principal nudo para la sostenibilidad?
El Centro de Investigación, Desarrollo e Innovación para la Gestión Integral del Agua en el Árido (CIGIAA) presentó su 5° Informe e hizo hincapié en la necesidad de un cambio en la legislación hídrica.
La provincia de San Juan atraviesa la crisis hídrica más profunda de su historia reciente. Especialistas del Centro de Investigación, Desarrollo e Innovación para la Gestión Integral del Agua en el Árido (CIGIAA) advierten que el problema no es solo la falta de nieve en la cordillera, sino un entramado legal obsoleto que impide gestionar el agua de manera eficiente.
Según el último informe de CIGIAA, el nudo de la ineficiencia sanjuanina se encuentra en el Artículo 127 del Código de Aguas. Esta normativa prohíbe expresamente la entrega de agua con coeficientes diferenciales, obligando a una gestión por oferta. Esto significa que el Departamento de Hidráulica entrega la misma cantidad de agua a todos los usuarios que tienen derecho de riego, sin importar si sus tierras están cultivadas, qué tipo de planta tiene o si el cultivo realmente necesita agua en ese momento.
Básicamente, la ley actual no permite diferenciar el reparto de agua según la necesidad de cada productor. Si un cultivo está en una etapa crítica de necesidad hídrica, recibirá la misma cantidad que otro que no la necesita. Un tomate no tiene las mismas necesidades que la vid: ni la misma cantidad de agua, ni se riega en la misma época.
Esta legislación tiene su origen en un momento donde San Juan no tenía diques, entonces se entregaba el agua a los usuarios equitativamente según lo que traía el río. También se pensó en base a las necesidades de los cultivos de vid, que siempre fueron mayoritarios, pero actualmente proliferan otros como el olivo, el pistacho o el tomate.
Este coeficiente único de entrega de agua lleva a algunos productores – quienes pueden afrontar el costo – a buscar el recurso a través de los pozos. La extracción de agua subterránea les permite a los agricultores flexibilidad para regar sus cultivos, a costa de la sobreexplotación del acuífero. Estas reservas son vitales para San Juan y están en estado crítico. Tal es así que algunos especialistas aseguran que durarían menos de una década.
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Según el último informe de CIGIAA, esta rigidez normativa provoca pérdidas estimadas en más del 50% del recurso hídrico. Además existen ineficiencias significativas por el mal estado de la infraestructura de distribución (canales y ramos comuneros) y por la baja efectividad de las tecnologías de riego en las fincas.
EL MODELO MENDOCINO EN LA MIRA
En el Quinto Informe Técnico de Coyuntura, publicado recientemente por CIGIAA, los especialistas destacan el modelo de gestión hídrica de la provincia vecina. En diálogo con este medio uno de los redactores del informe explicó cuáles son las ventajas del sistema de administración hídrica de Mendoza.
Federico Sanna, abogado especialista en temas hídricos, destaca que la eficiencia del modelo mendocino radica en la autonomía de sus usuarios. A diferencia del esquema centralizado del Departamento de Hidráulica sanjuanino, la ley vecina plantea una descentralización efectiva mediante la figura de las inspecciones de cauce, las cuales tienen personería jurídica propia.
En la práctica, esta autonomía permite a los usuarios tener mayor participación en la administración del recurso hídrico. A través de las inspecciones de cauce, ellos participan en la gestión de la monda, mantención de los canales y turnos de riego. Además pueden alternar la época de distribución del agua dependiendo de la demanda de cada cultivo.
Sanna destacó que en Mendoza no existe un artículo como el 127 que prohíbe expresamente la entrega de agua por demanda de cada productor. “Si bien la ley de Mendoza tiene un artículo de coeficiente fijo, en la práctica ha tornado a una interpretación de un coeficiente fijo anual pero diferenciado según la época de cada cultivo, es la famosa cuenta del agua”.
UN INTENTO FALLIDO DE MODIFICACIÓN DE LA LEY
En noviembre del 2022, la Mesa del Agua (organismo que ya no tiene vigencia) presentó el proyecto de Ley de Fomento de la Eficiencia y Sostenibilidad Hídrica. El documento planteaba algunos puntos claves: recarga del acuífero como política de Estado, un sistema de información hídrica público, un plan de obras destinado a cambiar el sistema de riego de productores y la tan importante entrega de agua a demanda.
El proyecto entró en Diputados pero el entonces presidente de la Comisión de Obras y Servicios Públicos, Jorge Barifusa, decidió no emitir despacho al proyecto porque la iniciativa no fue bien recibida por Consejeros, Regantes y Cámaras de Productores.
El espíritu de la ley era el consenso pero desde sus primeros debates, los productores ejercieron una resistencia férrea. Se oponían al cambio porque desconfiaban de que la ley pudiera perjudicarlos.
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