Peces muertos: dos versiones contrapuestas, intereses cruzados y una historia que se repite
Medios que atacan a la Asamblea Jáchal No Se Toca. El Gobierno que confirma que no hay contaminación. En el medio, incertidumbe y miedo en la sociedad.
“Confirmado: emergencia en San Juan. Análisis confirman contaminación con mercurio y cloro en el agua cerca de Mina Veladero”. “Peces muertos en Cuesta del Viento: Martín dijo que no hay contaminación”. “Desde la UNCUYO se refirieron al estudio que una ONG usó para denunciar presunta contaminación del río en Jáchal: no avalan esa hipótesis”.
El primero es de Greenpeace, el segundo de Diario Huarpe y el tercero de Diario de Cuyo.
Tres títulos. Mismo día. Distintos medios. Todos circulando en redes sociales, donde impactan, confunden, alimentan el miedo y, muchas veces, desinforman. Pura posverdad. Y en ese torbellino, el periodismo enfrenta un desafío que no es menor: intentar iluminar una marea de intereses grises.
En paralelo a la aparición de peces muertos en el Dique Cuesta del Viento, el sesgo de confirmación —esa tendencia natural a buscar lo que confirma nuestras creencias previas— encuentra en las redes sociales un terreno fértil. Los algoritmos afinan esa burbuja y alejan voces disonantes. Y entonces la sociedad queda frente a una encrucijada casi inevitable: ¿a cuál de las dos versiones le creo?
La sociedad, rehén de la incertidumbre y el miedo.
El disparador: peces muertos y un manejo poco claro de la información
El primer hecho comprobable ocurrió a principios de noviembre: pejerreyes muertos aparecieron en las costas del Dique Cuesta del Viento, en Rodeo. El hallazgo habría sido el 3 de noviembre. De inmediato, la organización Jáchal No Se Toca denunció contaminación por un derrame mercurio proveniente de la mina Veladero.
La Secretaría de Ambiente respondió con un informe que, si bien no midió la presencia de contaminación en el agua, confirmó que la causa de muerte de los peces era hipoxia, es decir, bajos niveles de oxígeno. Pero luego, un integrante de la Asamblea presentó pruebas ante la Fiscalía que contradecían la versión oficial, y la noticia se multiplicó en medios locales, nacionales e internacionales.
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Según el Laboratorio del Parque de la Biodiversidad, citado por Ambiente, el evento estaba asociado a “condiciones naturales del cuerpo de agua, por bajos niveles de oxígeno en zonas costeras con poca circulación y acumulación de materia orgánica”.
El 11 de noviembre, Saúl Zeballos, de la Asamblea Jáchal No Se Toca, presentó en sede judicial mediciones realizadas por técnicos independientes. Las muestras —tomadas al día siguiente de la aparición de los peces— mostraban niveles normales de oxígeno, lo que reforzaba la hipótesis de una posible contaminación por metales pesados.
Para entonces, la UFI Norte informó que aún no recibía el estudio final de Ambiente, que prometió continuar con monitoreos sistemáticos. Sin embargo, Zeballos desconfió desde el comienzo y denunció que se trataba de un informe dudoso. “Están ocultando la contaminación del río. Hay profesionales que se prestan para cubrir una situación irregular”, dijo.
Ese 11 también se supo que el fiscal Sohar Aballay había iniciado el 4 de noviembre una causa caratulada como “envenenamiento de agua” (otras versiones mencionan “envenenamiento de peces”).
Cuando reina la incertidumbre, la información se vuelve poder y la desinformación, una herramienta de disputa. Para el viernes 14, el clima en Jáchal era de preocupación. Vecinos y productores agrícolas se manifestaron en la plaza principal alarmados por un supuesto derrame en Veladero. El temor era comprensible: el agua del Dique Cuesta del Viento es clave para el riego.
Los productores exigieron al intendente Matías Espejo —quien los recibió en la puerta del municipio— la implementación de la Ordenanza Agua Segura. Esa normativa, sancionada tras el derrame de 2015, obliga al municipio a analizar periódicamente el agua para detectar sustancias peligrosas.
El 19 de noviembre se acordó encargar análisis de agua a distintos laboratorios. Al principio, la municipalidad quiso licitar el estudio recién en diciembre y los productores se negaron: necesitaban respuestas urgentes. Era una actuación tardía y negligente. De hecho, hacía dos años que no se cumplía con los análisis previstos por la ordenanza. Finalmente, se definió realizar dos estudios: uno solicitado por los productores a la Universidad Nacional de Cuyo (UNCuyo) y otro a un laboratorio aún por definir. Cada uno costaba alrededor de 27 millones de pesos y serían financiados con fondos municipales acumulados justamente por no haber aplicado la ordenanza.
Cabe destacar que el informe de UNCuyo fue solicitado por la Asamblea Jáchal No Se Toca mucho tiempo antes de la reunión con el municipio. Tal es así que los análisis fueron realizados el 7 de noviembre y entregados el 27.
Mientras tanto, los peces muertos seguían apareciendo.
¿A quién le creo?
Pasaron dos semanas y el 2 de diciembre la Asamblea Jáchal No Se Toca presentó ante la UFI Norte los resultados de los análisis realizados por la UNCuyo. Las muestras databan del 7 de noviembre de 2025 —recordemos, la Asamblea había presentado mediciones independientes el día 11— y fueron solicitadas de manera privada por el grupo ambientalista.
La presentación incluyó también una copia del escrito presentado por la mina Veladero en septiembre de 2015, cuando ocurrió el primer derrame que la empresa y el gobierno de José Luis Gioja negaron inicialmente.
Desde 2010, incluso antes de que la Asamblea existiera formalmente, ya había un vínculo con la UNCuyo. Durante ese año, Saúl Zeballos junto a vecinos de Jáchal preocupados por la calidad del agua, ganaron un subsidio de la Unión Europea. Esto les permitió financiar análisis con el laboratorio de la universidad mendocina. Por otro lado, en 2022 la organización ambientalista recurrió nuevamente a la UNCuyo porque denunciaban un derrame que luego fue desmentido por Barrick.
Según la Asamblea, los análisis indicaron que los valores de mercurio detectados el 7 de noviembre de 2025 en el punto PAL-1 (M11), en el río La Palca —120 kilómetros aguas abajo de Veladero— coincidían con los registrados el 16 de septiembre de 2015, tras el derrame de mercurio provocado por Barrick Gold.
También denunciaron niveles anómalos de cloro. Afirmaron que el hipoclorito de sodio no debería existir en un río cordillerano y que solo aparece cuando se usa para neutralizar cianuro después de un derrame. Esa es la versión de la Asamblea.
Pero desde la UNCuyo salieron rápidamente a despegarse de esa interpretación. Según publicó Diario de Cuyo el 4 de diciembre, “ni el Laboratorio de Análisis Instrumental, ni la Facultad de Ingeniería a la que pertenece, ni la Universidad misma, adhieren a ninguna interpretación o lectura que se esté haciendo públicamente de los datos obtenidos”.
A la par, el Gobierno provincial tomó posición y descartó un derrame en Veladero. El secretario General de la Gobernación, Emilio Achem, defendió los informes oficiales de la cuenca del Jáchal y apuntó contra sectores antimineros, asegurando que los monitoreos son permanentes y efectuados por distintos organismos.
La versión oficial sostiene además que desde Veladero se realizó un muestreo participativo en sectores específicos de la cordillera, principalmente en el punto LA-16 del Río Las Taguas y en tramos del Río Turbio. El operativo fue supervisado por el fiscal Alfredo Sohar Aballay y su ayudante Patricio Díaz, junto a técnicos del Instituto de Hidráulica de la UNSJ, el ingeniero Hugo Fernández y equipos municipales de Jáchal.
El vicegobernador Fabián Martín también se expresó: “Hay un informe de Cipcami con los resultados de los análisis que se hicieron oportunamente que confirma que no hay contaminación”.
Vínculos e intereses que generan dudas
Las dos posturas están claras. Por un lado, un sector que defiende la actividad minera —y depende de ella para sostener su proyecto político—: el Gobierno de San Juan. En medio de debates sobre la Ley de Glaciares y con el RIGI en discusión, la gestión de Marcelo Orrego apuesta a reactivar la minería para atraer inversiones, pensando en la gobernabilidad y, claro, en el 2027.
No sería descabellado sospechar que desde el poder provincial o empresarial se intente minimizar una posible contaminación. Ya pasó antes. Y el golpe a la legitimidad de la minería tras el derrame de 2015 fue profundo.
Del otro lado, la Asamblea Jáchal No Se Toca y otros sectores ambientalistas responsabilizan a Veladero directamente, aunque las pruebas todavía son incompletas o, al menos, no del todo concluyentes. Greenpeace acompaña el reclamo.
La organización internacional lleva años denunciando el avance de la minería y trabajando sobre otros temas ambientales como deforestación, cambio climático, contaminación plástica o pesca en el Mar Argentino. Aunque es una organización sin fines de lucro, responde a lineamientos globales y recibe apoyo financiero y técnico internacional.
Y como si fuera poco, también entró a jugar el lobby minero mendocino a través de Diario de Cuyo con la nota del último domingo “El vínculo opaco entre la Asamblea Jáchal No Se Toca y la UNCuyo con falta de respuestas”. Mendoza está atravesando una situación conflictiva porque el Gobierno avanza en una batería de medidas vinculadas a la explotación minera y, como contracara, el movimiento antiminero se planta y se moviliza.
En este contexto, el grupo empresario mendocino liderado por el conglomerado detrás de Diario Los Andes, incluyendo familias y empresas como Grupo Broda (Barbera), Transportes Andesmar (Badaloni), Grupo LTN (Bernardí) y DaFré Construcciones, opera en San Juan marcando la editorial de Diario de Cuyo donde ataca a la Asamblea Jáchal No Se Toca.
Nada es casual.
El rol de Hidráulica que nadie cuestiona
Hay una responsabilidad concreta del Departamento de Hidráulica (DH) en lo que refiere a la calidad del agua y al control de la contaminación. La Ley Nº 348-L, en su artículo 7, inciso b), así lo establece.
La normativa le otorga competencia para intervenir en todo lo relacionado con descargas de efluentes en ríos, arroyos, acuíferos, vertientes y sistemas de riego o drenaje. Y el artículo 10 refuerza su rol: el DH tiene “Poder de Policía”, junto con OSSE y los municipios, para prevenir y controlar la contaminación de aguas superficiales y subterráneas.
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El Código de Aguas (Ley Nº 190-L) es aún más tajante. En su artículo 12 prohíbe —de manera absoluta— contaminar aguas públicas o privadas, corrientes o no, superficiales o subterráneas. Si la contaminación puede afectar la salud humana o animal, o dañar vegetación o suelos, la infracción se considera grave y obliga a detener de inmediato la actividad que la provoca.
Durante este episodio, tanto la Asamblea Jáchal No Se Toca como la comunidad del departamento, responsabilizaron a la Municipalidad de Jáchal por el incumplimiento de la Ordenanza Agua Segura. Sin embargo, la legislación establece una jerarquía clara sobre la autoridad de aplicación del control de calidad hídrica en toda la provincia.