Investigan a tres gendarmes por abusos sexuales, torturas y encubrimiento dentro de un centro de formación en Barreal
Una causa federal expone años de violencia y amenazas contra un gendarme en San Juan, con medidas urgentes y citaciones a altos mandos de la Fuerza.
La denuncia es terrible, escalofriante. El Juzgado Federal N.º 2 de San Juan ordenó abrir una investigación penal contra tres miembros de Gendarmería Nacional por la posible comisión de múltiples y graves delitos. La medida surge tras la denuncia presentada por un hombre identificado como R.A.B. En el expediente se mencionan acusaciones por abuso sexual gravemente ultrajante con acceso carnal, coacción agravada, amenazas, encubrimiento, abuso de autoridad y violación de los deberes de funcionario público.
La querella afirma que R.A.B. fue víctima de abuso sexual sistemático y de torturas ejercidas por sus superiores jerárquicos. La gravedad del relato llevó al Tribunal a dictar de inmediato una prohibición de acercamiento y contacto para los acusados.
La resolución que ordena abrir el sumario fue emitida el 6 de agosto de 2025, aunque recién se conoció públicamente este 14 de noviembre a través del medio RealPolitik. Según la denuncia, los hechos habrían ocurrido a lo largo de varios años: empezaron en marzo de 2012, poco después de que R.A.B. ingresara al centro de formación, y se extendieron de manera sistemática hasta al menos 2018, cuando fue pasado a retiro.
La Justicia pidió información administrativa de Gendarmería desde 2013 en adelante.
La víctima y los denunciados
El denunciante es exodontólogo y Gendarme de Segunda. Está representado por la abogada Milagros Grassi. Los imputados también pertenecen a Gendarmería Nacional y, al momento de los hechos, ejercían funciones públicas.
Los acusados son Darío Fabián Barco, entonces Comandante Principal; Gustavo Manuel Aranda, Segundo Comandante y jefe de personal; y Graciela Parodi Camuñas, licenciada y señalada por encubrimiento agravado por su rol como psicóloga asignada al denunciante.
El Juzgado también ordenó citar a declarar a varios profesionales de Gendarmería, entre ellos personal del Departamento Integral de Género y psicólogos y psiquiatras que intervinieron en el caso. Figuran Cecilia Cardozo, Lourdes Benítez, Gabriela Sánchez Fernández, Miguel Ángel Cerrizuela, Gastón Parodi y Gabriel Megale. El expediente tramita ante el Juzgado Federal N.º 2 de San Juan.
Años de abusos y torturas dentro del centro de formación
Los presuntos abusos y el hostigamiento habrían ocurrido dentro del Centro de Formación “Gendarme Félix Manifiore”, ubicado en Barreal, provincia de San Juan. Según la denuncia, los episodios se repetían en oficinas cerradas, donde los superiores aprovechaban la relación de poder y la lógica de subordinación militar.
El denunciante sostiene que el hostigamiento comenzó cuando Darío Fabián Barco asumió el mando y designó a Gustavo Manuel Aranda como jefe de personal. Relata encierros, insultos, golpes en la sien y manoseos. También afirma que ambos se burlaban de él por sus temblores y por ser jujeño y de piel morena.
La querella afirma que la víctima fue sometida a abusos sexuales sistemáticos que considera “gravemente ultrajantes”. Según la presentación, esos hechos ocurrieron bajo prácticas coercitivas, amenazas directas y la presencia de armas, en un contexto de absoluto sometimiento.
La acusación sostiene que uno de los imputados lo obligaba a realizar actos sexuales mientras el otro intervenía con tocamientos y conductas intimidatorias. También denuncia que las agresiones incluían amenazas contra la familia de R.A.B., para garantizar su silencio.
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El presunto encubrimiento habría ocurrido cuando la psicóloga asignada, Graciela Parodi Camuñas, sostuvo que R.A.B. tenía “fantasías sexuales” con sus agresores, lo que desacreditó su denuncia.
También se acusa la manipulación de informes médicos para declararlo “inútil para todo tipo de servicio” por una patología supuestamente ajena a su labor, con el fin de justificar su baja y afectar su reputación profesional.
Qué ordenó la Justicia
El Juzgado ordenó una serie de medidas de prueba, además de la prohibición de acercamiento. Solicitó a Gendarmería Nacional que informe sobre las actuaciones administrativas o quejas presentadas por R.A.B. en Barreal desde 2013. También pidió copias certificadas de los legajos personales del denunciante y de los imputados, la historia clínica completa de R.A.B. y el legajo administrativo de su retiro.
También investiga si el Departamento Integral de Género intervino en las denuncias de R.A.B. y pidió copias de los informes técnicos o interdisciplinarios que pudiera haber elaborado. Además, fijó un perímetro de exclusión de 500 metros para los imputados, prohibiéndoles cualquier tipo de contacto personal o digital.
La querella sostiene que la acción penal no está prescripta por la gravedad de los hechos, que considera violaciones de derechos humanos cometidas por agentes estatales. También argumenta que los imputados —Barco, Aranda y Parodi— siguen en funciones públicas, lo que suspende los plazos de prescripción.