Crisis en el Concejo de Caucete: denuncias cruzadas por extorsión, abuso de poder y maniobras políticas
La interna del Concejo de Caucete escaló tras una denuncia por extorsión contra dos ediles. Acusaciones cruzadas, pedidos de nulidad y una disputa por el control político tensan el final del año legislativo.
El Concejo Deliberante de Caucete atraviesa una crisis interna que se profundizó en las últimas semanas. Denuncias por extorsión a concejales de Cambia San Juan, acusaciones por abuso de autoridad contra el presidente del cuerpo —afín a la intendenta Romina Rosas— y una disputa por el control político tensan el clima a menos de un mes de renovar autoridades.
El conflicto estalló cuando Emanuel Castro, concejal del bloque Cambia San Juan, fue denunciado por su secretaria Cristina García por extorsión. La funcionaria presentó ante la justicia pruebas —entre ellas transferencias y comunicaciones— que indicarían que el edil le exigía la mitad de su salario para conservar su puesto. La presentación también alcanzó al concejal Farrán.
Luego de conocerse el caso, el 6 de noviembre el Concejo decidió remitirlo a la Comisión de Asuntos Institucionales en una sesión en la que participaron los propios implicados y que luego fue anulada. La anulación desató la reacción del bloque opositor al rosismo, que contraatacó con una denuncia pública contra el presidente del cuerpo, José Luis Giménez, por abuso de autoridad.
La Mecha consultó a Castro por las acusaciones de extorsión en su contra. El concejal evitó pronunciarse sobre la causa y respondió únicamente con un comunicado enviado por WhatsApp, en el que acusa al presidente del cuerpo, José Luis Giménez, de abuso de poder. El titular del Concejo —alineado con el rosismo— es señalado por interrumpir sesiones, impedir el uso de la palabra, modificar resoluciones aprobadas y firmar actos administrativos sin aval del cuerpo.
«Quieren tapar lo que está sucediendo con la denuncia penal de Castro y ensuciar mi imagen», señaló Giménez a La Mecha.
El Concejo ha sido noticia en reiteradas oportunidades. Desde su conformación, el oficialismo de Romina Rosas no logró consolidar mayoría: aunque ingresaron cuatro ediles por el peronismo, dos de ellos —Franco Buffagni y Pedro Gómez— respondían a la línea de la entonces candidata Sonia Recabarren. El bloque terminó de quebrarse tras el pedido de interpelación a la jefa comunal meses atrás.
La denuncia por extorsión
Cristina García denunció que desde diciembre de 2023, cuando asumió como secretaria del bloque Cambia San Juan, Emanuel Castro le ordena transferir parte de su salario a un CBU cuyo titular —según consta en la presentación— sería el propio concejal. Aseguró que actuó “bajo miedo y coacción”.
El caso ya había trascendido en abril de 2025, cuando se publicó en distintos medios de comunicación que Emanuel Castro extorsionaba a su secretaria Cristina García. En aquel momento, el tema llegó a una sesión del Concejo, donde el presidente Giménez propuso crear una comisión investigadora (artículo 153 del reglamento), pero no consiguió los votos. García no acudió a dar su testimonio.
El conflicto pareció cerrarse entonces, cuando se difundió una carta firmada por la secretaria en la que aseguraba mantener buena relación con sus compañeros de bloque. Ese escrito se convirtió en la principal defensa del acusado, el edil Castro, aunque la funcionaria sostiene que lo firmó bajo amenaza.
Recién hace unas semanas, García decidió radicar la denuncia penal, lo que reactivó el escándalo y abrió un expediente formal por exacciones ilegales en el que también está mencionado el concejal Ramiro Farrán.
Tras una consulta de La Mecha por la denuncia penal en su contra, el concejal Castro se limitó a enviar un comunicado donde acusaba a Giménez y a dos asesoras legales —Alejandra Quiroga y Miriam Ábrego— de generar una “grave crisis institucional” en el Concejo y hostigar sistemáticamente a los concejales opositores.
El Presidente del Concejo señaló a La Mecha que la denuncia oculta una maniobra política. «Llegando a fin de año uno de ellos quiere ocupar la Presidencia, que se renueva el mes que vienen», expresó.
La sesión, la nulidad y las denuncias cruzadas
El 6 de noviembre, en la Sesión Ordinaria Nº1481, el Concejo trató la denuncia penal y resolvió enviar la causa a la Comisión de Legislación y Asuntos Institucionales. Tanto Castro como Farrán —ambos concejales implicados en la denuncia— votaron en la sesión, algo que el oficialismo municipal cuestionó por considerarlo incompatible con los principios básicos de imparcialidad.
Cuatro días después, el vicepresidente del concejo Luis Roca y la secretaria legislativa Rosa Poblete pidieron la nulidad de la sesión, argumentando que los concejales no pueden votar sobre su propia causa porque afecta la transparencia y legitimidad del cuerpo deliberativo.
La reacción opositora fue inmediata: Buffagni, Fernández Farrán y Gómez denunciaron al rosista José Luis Giménez por abuso de autoridad, manipulación institucional y violencia política. Lo acusaron de interrumpir sesiones, impedir el uso de la palabra, alterar resoluciones aprobadas y firmar actos administrativos sin aval del cuerpo.
En su presentación también señalaron a las asesoras Alejandra Quiroga y Miriam Ábrego. Según los concejales, Ábrego ocupó ilegalmente en 2023 la banca que correspondía a Pedro Gómez, con aval de Giménez y de los ediles Roca y Poblete.
También mencionaron denuncias previas contra Quiroga por maltrato laboral. En paralelo, los opositores afirmaron haber sido víctimas de “gritos y violencia institucional” en una reunión interna del 11 de noviembre.
«El presidente Giménez ha interrumpido el desarrollo de las sesiones, impedido el uso de la palabra, modificado resoluciones aprobadas por mayoría y emitido actos administrativos sin aval ni tratamiento del cuerpo, vulnerando el reglamento interno y la Carta Orgánica Municipal«, reza el comunicado de los concejales opositores.
Lo que sucede puertas adentro del organismo continúa siendo una incógnita, ya que lo único que trascendió son los comunicados y presentaciones judiciales en las que los concejales se acusan mutuamente de delitos diversos. La causa real del debate permanece oculta entre versiones cruzadas y acusaciones formales.
El trasfondo político: disputa por el control del Concejo
La tensión se intensifica a menos de un mes de la renovación de autoridades del Concejo. El oficialismo solo cuenta con tres de siete bancas alineadas con la intendenta Romina Rosas, mientras la oposición mantiene un bloque compacto que disputa el control del cuerpo.
La crisis actual revive un conflicto previo: en abril de 2024, Castro y Fernández impulsaron desde el recinto la designación de tres cargos clave —jefatura de asesoría legal, jefatura contable y un auxiliar administrativo— argumentando que el Concejo tiene facultad para nombrar personal por mayoría simple. Giménez sostuvo lo contrario y apeló a una ordenanza que reserva esa potestad a la Presidencia.
Aquella pelea terminó en resoluciones paralelas, bloqueo institucional y quiebre político interno. Hoy, con la denuncia penal sobre la mesa, ese episodio vuelve a ser parte del tablero.
Para el oficialismo, el bloque opositor actúa como “empleados del gobierno provincial”. La oposición, en cambio, sostiene que el oficialismo usa la Presidencia para perseguirlos y frenar cualquier control interno, incluida la reciente interpelación a la intendenta por la deuda con la empresa energética DECSA.
Entre comunicados, recusaciones, denuncias penales e impugnaciones de sesiones, lo que ocurre puertas adentro del Concejo sigue envuelto en hermetismo. El conflicto mezcla intereses judiciales y políticos, disputas por cargos, votaciones cuestionadas y acusaciones cruzadas.
La pregunta es si la crisis encontrará cauce institucional dentro del propio Concejo o si avanzará por la vía judicial, poniendo en jaque la legitimidad del organismo en pleno año de recambio de autoridades.