El Senado rechazó dos vetos de Milei y promulgó leyes clave
El Senado acompañó con media sanción el rechazo al veto de las leyes de financiamiento universitario y de emergencia pediátrica. Ambas leyes quedaron promulgadas.
La Cámara de Senadores rechazó los vetos del presidente Javier Milei a dos leyes claves: la Ley de Emergencia Pediátrica, la Ley de Financiamiento Universitario. La oposición casi en su totalidad decidió rechazar los vetos presidenciales, quedando las mismas promulgadas al haber obtenido hace unas semanas media sanción en Diputados. De esta manera, se incrementarán los fondos para los hospitales de niños y las universidades públicas de todo el país.
En los últimos meses, el presidente Javier Milei decidió bloquear leyes clave que habían sido aprobadas en el Congreso de la Nación con amplio respaldo: la de financiamiento universitario y la de financiamiento a hospitales pediátricos. Estas iniciativas buscaban garantizar recursos mínimos para instituciones que enfrentan una crisis presupuestaria aguda en medio del ajuste fiscal.
Sin embargo, el Ejecutivo argumentó que implicaban un gasto “incompatible” con la política de déficit cero.
Semanas atrás, tras conocer la decisión de Diputados, el vocero presidencial Manuel Adorni acusó a la oposición de hacer demagogia al insistir con las leyes de financiamiento que Milei vetó. A modo de chicana, Adorni planteó que para cubrir las mejoras planteadas en la ley Garrahan sería necesario echar a 66.550 empleados públicos.
En el caso de las universidades, el veto se dio en un contexto de masivas movilizaciones estudiantiles y docentes que advertían sobre el riesgo de parálisis en el sistema público de educación superior.
Si ambas cámaras insisten por la mayoría constitucional (2/3 de los presentes), la ley queda vigente y el Ejecutivo está obligado a promulgarla. Pero hay precedentes (como en el caso de la ley de emergencia en discapacidad) donde el Ejecutivo terminó promulgando pero postergó o condicionó la implementación, lo que deja abierta la cuestión de cuándo y cómo se girarán efectivamente los recursos.
En el caso de los hospitales infantiles, la medida golpeó a centros de referencia nacional, como el Garrahan, que ya habían denunciado dificultades para sostener tratamientos y equipamientos. Ambos vetos reabrieron el debate sobre las prioridades del Gobierno y la tensión entre el ajuste fiscal y la inversión en derechos básicos.
El respaldo a los hospitales infantiles
La insistencia en la ley de pediatría tiene foco en el Hospital Garrahan, con adhesión de Unión por la Patria, el bloque radical, el PRO y los legisladores provinciales. Por un lado, la ley de emergencia pediátrica obtuvo 59 votos positivos, siete negativos y tres abstenciones -de los macristas Alfredo De Ángeli, Martín Goerling y Victoria Huala.
Uno de los artículos deja en claro que la emergencia implica la asignación prioritaria e inmediata de recursos presupuestarios para «bienes de uso y consumo, insumos críticos, mantenimiento de infraestructura, medicamentos, vacunas, tecnologías médicas y personal esencial», destinados al cuidado y atención pediátrica en el país.
Además, establece la recomposición de los salarios del personal de salud que atiende a la población pediátrica, reconociendo sus funciones críticas. Otro de los puntos clave es la eximición a todo el personal de salud del pago de ganancias cuando desempeñan actividades críticas, horas extra y/o guardias.
Como símbolo de esta puja se declara en la ley al Hospital de Pediatría Prof. Dr. Juan P. Garrahan como «hospital de referencia nacional en la atención pediátrica de alta complejidad».
Universidades, con presupuesto garantizado
En tanto, la iniciativa relacionada con universidades consiguió 58 adhesiones, siete rechazos y las mismas tres abstenciones del Pro, más la radical Carolina Losada. La normativa establece la actualización «al 1 de enero de 2025, según la variación acumulada del Índice de Precios al Consumidor (IPC) informado por el INDEC» para los gastos de funcionamiento de las universidades públicas, además de subas bimestrales.
Por otra parte, el texto obliga al Ejecutivo a «actualizar los salarios de los docentes y no docentes de las universidades públicas entre el periodo del 1/12/2023 hasta la sanción de la presente ley». El aumento debe ser en un porcentaje no menor al Índice de Precios al Consumidor (IPC) informado por el INDEC. Además, todo incremento deberá ser «remunerativo y bonificable».
Sobre las paritarias, la ley impone que la convocatoria sea con una periodicidad no mayor a tres meses calendarios de manera obligatoria, tanto para el personal docente como no docente.
“la asignación prioritaria e inmediata de recursos presupuestarios para bienes de uso y consumo, insumos críticos, mantenimiento de infraestructura, medicamentos, vacunas, tecnologías médicas y personal esencial destinados al cuidado y atención pediátrica en el país”.