Caso Lucía Rubiño: la verdadera familia judicial de Juan Pablo Echegaray
Padre, madre, hermanas, tías y tío en la Justicia. Además, la perlita de su abogado vinculado al oficialismo de San Juan.
San Juan es una provincia chica. Siempre se dice que “acá nos conocemos todos”, y algo de cierto hay en esa frase. Quizás por eso, desde la madrugada del 15 de octubre de 2023, cuando la provincia se conmocionó por la muerte de Lucía Rubiño, comenzaron a circular nombres, datos y presuntos responsables que la Policía no pudo ocultar. Rápidamente se supo que uno de los implicados era hijo de un juez federal, aunque en principio no trascendió su identidad. Con el correr de los días, el nombre de Hugo Carlos Echegaray comenzó a sonar con fuerza: su hijo estaba involucrado en la tragedia.
Juan Pablo Echegaray tiene 19 años. Fue uno de los dos adolescentes acusados por el hecho. Conducía una Toyota Hilux y, según testigos, participaba en un “desafío” automovilístico con otro joven, Nahim Manzur, quien manejaba un Renault Sandero. El “juego” consistía en enfrentar ambos vehículos a toda velocidad y ver quién era el primero en volantear para evitar el choque.
Lucía Rubiño murió al ser aplastada contra un muro por el Sandero de Manzur, que se subió a la vereda alrededor de las 3.20 de la madrugada, mientras ella esperaba en la puerta de la casa de una amiga, en el Barrio Profesionales de San Juan, paradójicamente habitado en su mayoría por abogados litigantes, funcionarios judiciales, magistrados y altos funcionarios del Ejecutivo local.
Que Juan Pablo Echegaray es hijo del juez federal Hugo Carlos Echegaray ya es de público conocimiento. Lo que no se ha contado —hasta ahora— es la extensa red de vínculos familiares del joven dentro del Poder Judicial, tanto en el de la provincia de San Juan como en el de la Nación. El mote de “familia judicial” le cabe con precisión.
Una red dentro de la Justicia
En octubre de 2024, el sitio Chequeado publicó una investigación titulada “Al menos 46 jueces federales de 14 provincias tienen familiares con cargos en la Justicia”, que incluía a San Juan dentro del relevamiento. Según el informe, en la jurisdicción que abarca Mendoza, San Juan y San Luis, al menos cinco de los 22 jueces y vocales tienen parientes trabajando en el sistema judicial.
Allí se menciona que Hugo Carlos Echegaray, integrante del Tribunal Oral Federal desde el 25 de octubre de 2005, es padre de Candelaria Echegaray Collado, oficial del Juzgado Federal Nº2 de San Juan, y de Valentina Echegaray Collado, jefa de despacho del Tribunal Oral en lo Criminal Federal de la misma provincia. Valentina ingresó en 2011 y, según la información publicada, trabajaría en la misma vocalía que su padre. Candelaria, en tanto, ingresó en 2018. Además, el cuñado del juez, Alfredo Collado de Belaustegui, es prosecretario administrativo del mismo tribunal y forma parte del Poder Judicial Federal desde 2009.
El Tribunal Oral en lo Criminal Federal de San Juan es un órgano judicial dependiente del Poder Judicial de la Nación. Se encarga de juzgar delitos federales en primera instancia. En segunda instancia actúa la Cámara Federal de Mendoza, que interviene ante apelaciones de causas originadas en San Juan, San Luis y Mendoza. Por eso, en la nota de Chequeado, Echegaray aparece vinculado a esa jurisdicción.
Pero la trama familiar no termina allí. La madre de Juan Pablo, María Teresa Collado —esposa de Hugo Echegaray—, es directora en la Oficina de Auditoría Financiero Contable del Poder Judicial de San Juan, cargo en el que habría ingresado cuando su esposo logró saltar en los ´90 al fuero federal como Secretario del Tribunal Oral Federal tras ocupar un alto cargo administrativo en la Corte de Justicia de San Juan.
Su tío materno, Alfredo Collado, está casado Gema Bustos, secretaria del Fiscal General del Poder Judicial de San Juan. El fiscal de la Unidad Fiscal Delitos Especiales a cargo de la causa, Iván Grassi, fue quien solicitó el sobreseimiento de Juan Pablo Echegaray. La presencia de Bustos en un alto cargo administrativo, y con años de mucha confianza en la cúpula del Ministerio Público Fiscal, fue señalada por la familia de Lucía como una posible fuente de “parcialidad” y “vergüenza total” para la Justicia.
Otra tía política del joven es Belén Pacheco, concuñada de Hugo Echegaray, casada con Lisandro Collado —hermano de María Teresa—. También trabaja en el Tribunal Oral Federal de San Juan.
La conexión política
A este entramado se suma una vinculación política. El abogado defensor de Juan Pablo Echegaray es Joaquín Moine, hijo del juez de Flagrancia Ricardo Moine. Ricardo está casado con la diputada nacional Nancy Picón, electa en 2023 por el partido Producción y Trabajo. Joaquín, por tanto, es hijastro de la legisladora oficialista.
La familia de Lucía Rubiño denunció públicamente su “impotencia”, “enojo” y la existencia de un “manto de impunidad” sobre el caso, señalando que la red de relaciones familiares y políticas podría haber influido en la decisión judicial que sobreseyó a Echegaray por el delito de homicidio culposo.
La cercanía con el poder político no hizo más que reforzar esa percepción de arbitrariedad en la administración de justicia, alimentando las sospechas sobre la transparencia e imparcialidad del proceso.
Jueces que se apartan
En las últimas semanas, la familia Rubiño presentó un recurso de apelación para que se revoque el sobreseimiento de Echegaray impulsado por la fiscalía y el caso llegue a juicio, con el argumento de que “los responsables fueron dos”. Hasta el momento, cinco jueces del Tribunal de Impugnación se apartaron del expediente, lo que dilata la resolución de fondo.
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Daniel Guillén fue el primero en excusarse, aduciendo haber emitido una opinión previa en la causa contra Manzur, el otro joven implicado y menor de edad al momento del hecho.
Luego se apartó el juez Maximiliano Blejman, cuya hija mantendría una relación de amistad con Lucía Rubiño. Además, argumenta que era vecino del barrio donde ocurrió el siniestro y que habría participado en el llamado a la Policía esa madrugada.
El tercer juez fue Juan Carlos Caballero Vidal, quien se inhibió argumentando que su hija estuvo presente la noche del hecho y es una de las testigos.
El cuarto fue Benedicto Correa, quien también se excusó, esta vez por motivos personales: dice que su hija también era amiga de la víctima.
Tras su salida, la jueza Ana Lía Larrea quedó asignada por sorteo. Sin embargo, también se apartó ya que habría intervenido en una causa paralela contra Manzur cuando era menor.
La inhibición es un mecanismo legal que permite a jueces apartarse voluntariamente de una causa por razones de parentesco, amistad o interés personal, para garantizar la imparcialidad del proceso.
El choque y la causa
Según la querella, Juan Pablo Echegaray, al volante de la Toyota Hilux, invadió el carril contrario o desvió su marcha de forma deliberada, obligando a Nahim Manzur a realizar una maniobra brusca que derivó en el atropello de Lucía. Aseguran tener más de 50 testimonios, de los cuales 17 coinciden con esa versión.
Para la Fiscalía, en cambio, los testimonios son contradictorios. El fiscal Grassi consideró que Echegaray redujo la velocidad, detuvo la marcha y apenas invadió el carril opuesto, señalando a Manzur como principal responsable. Pericias elaboradas por el Ministerio Público de Mendoza, la Justicia de Menores, la querella y la defensa coincidirían en que fue el Renault Sandero el que cruzó el carril.
Nahim Manzur estuvo 60 días institucionalizado y continúa imputado por homicidio simple con dolo eventual. Se le realizaron pericias toxicológicas, días después del accidente, según la información oficial.
Juan Pablo Echegaray, en cambio, fue imputado por homicidio culposo, pero el fiscal Grassi pidió su sobreseimiento y el juez de Garantías, Javier Figuerola, lo concedió el 13 de mayo de 2025. El flamante Sistema Acusatorio del Poder Judicial de San Juan obliga al Juez a respetar el pedido del Ministerio Público Fiscal porque es quien tiene el poder de la acción pública. Actualmente enfrenta una imputación menor por conducción imprudente previa al hecho. Nunca fue detenido, no se le practicaron pericias toxicológicas y el Poder Judicial de San Juan le autorizó a mudarse a Mendoza para estudiar, sin asistir a audiencias.
Los abogados Marcelo Fernández Valdez y Ludmila Derka, en representación de la familia Rubiño, presentaron una impugnación ante el Tribunal de Impugnación. Aseguran que “los responsables fueron dos” y están dispuestos a llegar hasta la Corte Suprema de Justicia de la Nación si fuera necesario.
En limpio, estos son los principales vínculos familiares de Juan Pablo Echegaray con el Poder Judicial:
- Hugo Echegaray (padre): juez del Tribunal Oral Federal de San Juan. Fue secretario de la Corte de Justicia provincial y luego del Poder Judicial de la Nación.
- María Teresa Collado (madre): directora de la Oficina de Auditoría Financiero Contable del Poder Judicial de San Juan.
- Valentina Echegaray (hermana): jefa de despacho en el mismo tribunal donde trabaja su padre.
- Candelaria Echegaray (hermana): oficial del Juzgado Federal Nº2 de San Juan.
- Alfredo Collado (tío materno): prosecretario administrativo del Tribunal Oral Federal.
- Gema Bustos (tía política): secretaria del Fiscal General del Poder Judicial.
- Belén Pacheco (tía política): empleada del Tribunal Oral Federal.
- Joaquín Moine (abogado defensor): hijo del juez de Flagrancia Ricardo Moine.
- Nancy Picón (madrastra de su abogado): diputada nacional por Producción y Trabajo.
