Políticas de género: vuelta a foja cero
Una nueva tanda de despidos dejó afuera a más de 600 trabajadoras/es del ex Ministerio de Mujeres, Géneros y Diversidad. Las políticas desarrolladas durante la gestión de Alberto Fernández están siendo desmanteladas por un Gobierno que le declara la batalla cultural a los feminismos y la diversidad sexual.
Con el mes de julio llegó una nueva tanda de despedidos a trabajadores/as del Estado por parte del Gobierno nacional. En esta oportunidad, las más afectadas son las áreas de género y derechos humanos.
El día lunes, el vocero presidencial Manuel Adorni, anunció la “eliminación” de 685 trabajadoras/es del ex Ministerio de Mujeres, Géneros y Diversidad que había pasado a ser una Subsecretaría de Protección Contra la Violencia de Género al interior del Ministerio de Capital Humano. Ese número de despidos se suma a 240 realizados previamente. Adorni comentó que, cuando asumieron en diciembre, la cartera contaba con alrededor 1100 empleadas/os de las/os cuales han despedido un 85%. Por su parte, el personal que aún se mantenga será absorbido por el Ministerio de Justicia a cargo de Mariano Cúneo Libarona, bajo la órbita de la Dirección Nacional de Protección a la Familia.
El desmantelamiento del área implica el cese de programas de prevención y sanción contra las violencias por motivos de género y la promoción de derechos para mujeres y diversidades. Entre estos programas está el Acompañar, el Programa Travesti Trans, la Ley Micaela, las Escuelas Populares, Políticas de Cuidados, la Linea 144 que dependía del Ministerio, y más. Desde el Gobierno, también manifestaron que prevén para más adelante una tercera etapa de reducción de personal.
El ex Ministerio en San Juan
En San Juan, el Ministerio de Mujeres logró armar equipos interdisciplinarios para su incidencia en la provincia. Ana Bertazzo es trabajadora social y desde el 2021 forma parte del programa Acercar Derechos perteneciente al ex Ministerio. “Acercar Derechos era un programa de asesoramiento, acompañamiento e información a mujeres y diversidades sexuales en situación de violencia por motivos de género. Para ese programa, la provincia contaba con dos equipos interdisciplinarios de una trabajadora social, una psicóloga y una abogada, más una administrativa y una coordinadora. Éramos ocho en total y ahora somos tres. Quedamos una psicóloga, una abogada y yo”, cuenta.
Bertazzo explica que los equipos trabajaban en Centros de Referencia (CDR) del ex Ministerio de Desarrollo Social de la Nación. La situación de los CDR varía de acuerdo a cada provincia, sin embargo la profesional comenta que en San Juan se cerraron. “Se cerró el CDR y nosotras nos quedamos sin lugar para trabajar, sin herramientas, de manera totalmente precarizada con nuestro internet, nuestros teléfonos, nuestras computadoras, en nuestras casas y sin poder hacer entrevistas presenciales que las situaciones de violencia ameritan. Ahora estamos en una incertidumbre total porque el Gobierno viene demostrando con noticias ciertas afirmaciones que, en la práctica, de manera administrativa, no están concretadas”, confirma.
Debido a lo sucedido, la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE) viene en reclamo permanente durante los últimos días. Incluso, organizaciones de mujeres presentaron una acción judicial colectiva contra el Gobierno y en particular, contra el Ministerio de Justicia, para que informe cómo se cumplirán las obligaciones legales e internacionales que tiene el Estado para prevenir la violencia contra las mujeres y diversidades sexuales.
Ana Bertazzo también expresa que una de las cosas más angustiante es la pérdida del trabajo territorial.
“Nosotras íbamos a los barrios a buscar a las mujeres y a las organizaciones para poder trabajar y una vez que pisábamos los territorios, a la semana siguiente el teléfono estallaba de consultas de asesoramiento que necesitaban las personas que estaban viviendo ciertas situaciones de violencia. Es muy angustiante saber que eso ya no está”.
Con respecto al acompañamiento del Gobierno provincial frente a la situación de despidos, Bertazzo explicó que no ha habido acciones concretas al respecto. Si bien la trabajadora social afirmó que los municipios siguen funcionando con sus respectivos dispositivos, dijo que “los dispositivos municipales trabajan de otra forma, con otra perspectiva”.
Por último, al respecto del traspaso del personal al Ministerio de Justicia, la profesional dice: “los feminismos han buscado que las instituciones que acompañen situaciones de violencia por motivos de género salgan del ámbito de la Justicia. Sabemos que no todas las situaciones son denunciables, no todas las personas se animan a denunciar. La denuncia por si sola no resuelve todo o resuelve solo alguna arista del problema de la violencia de género que es un problema integral, estructural”.
Las organizaciones que acompañan a personas que han atravesado situaciones de violencia saben que la denuncia es sólo una de muchas etapas en el proceso. “El hecho simbólico de que a nosotras administrativamente se nos pase al Ministerio de Justicia es ir para atrás en esas discusiones que tienen que ver con la práctica completa de acompañar situaciones de violencia”, dice Bertazzo.
Sin Ministerio, sin programas, sin financiamiento, sin planificación ni voluntad política, las políticas estatales en materia de género vuelven a foja cero: un Estado ausente cuyo mensaje para las víctimas es “arreglate con tu agresor”. Dependerá, como en muchas otras áreas, de la voluntad de gobiernos provinciales o municipales. Sin embargo, sin el apoyo económico de Nación, se torna difícil garantizar la promoción, protección y sanción de derechos en esta materia. Como casi siempre, las personas más vulneradas serán las mujeres y diversidades sexuales libradas al desamparo.
