Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones: el hot sale de nuestros recursos estratégicos
La ley Bases se debate en comisiones del Senado y hay un punto de inflexión: el RIGI. En San Juan este régimen otorgaría más beneficios a las empresas mineras que cuentan con proyectos en el territorio provincial. El poroteo para la Cámara Alta del Congreso y las claves de un título decisivo que genera polémica entre legisladores de los distintos bloques.
El Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones –RIGI por sus siglas– es uno de los títulos más importantes de la Ley Bases y Puntos de Partida para la Libertad de los Argentinos. Se trata de un régimen que busca atraer inversiones extranjeras de al menos 200 millones de dólares otorgando una amplia lista de incentivos tributarios, impositivos y aduaneros a empresas por el plazo irrestricto de 30 años.
Los principales incentivos que el RIGI otorga a los inversores son: la eliminación del pago por derechos de importación, beneficios de IVA, la plena disponibilidad sobre los productos, impide que provincias y municipios modifiquen tributos sobre estos proyectos y hasta otorga la libre disponibilidad de las divisas generadas por exportaciones del tercer año en adelante.
Pero, ¿qué implicaría este régimen para la matriz productiva de Argentina y de San Juan? ¿Qué garantías hay de que esas inversiones derramen dólares sobre suelo nacional? ¿Es un modelo de desarrollo viable?
El pasado martes 30 de abril la Cámara de Diputados dio media sanción a la Ley Bases. Actualmente la Ley se encuentra en comisiones del Senado y aún no está definida la fecha en que será debatida en la Cámara Alta pero el RIGI es un tema de discusión decisivo entre legisladores, principalmente los del bloque peronista.
La discusión no está puesta en la necesidad de que ingresen divisas extranjeras a la Argentina. Es claro que los incentivos son necesarios para promover el ingreso de grandes inversiones; la preocupación está dada por los ínfimos condicionantes para los inversores y el prolongado período de 30 años una vez adquiridos estos beneficios. Además, debido a la libre disponibilidad de divisas desde el tercer año, nada garantiza que los dólares generados queden en territorio argentino.
Otra de las cosas que resulta preocupante es que no hay en el RIGI ninguna propuesta de integración de la industria local con estos grandes proyectos de inversión: las empresas que inviertan no están obligadas a contratar servicios, insumos ni mano de obra argentina. Por eso, de ser aprobado, el régimen representaría un riesgo para la industria local en el que las pymes tendrían una carga tributaria mayor que las empresas multinacionales, sin garantías de desarrollo para proveedores locales. Así, el RIGI pondría en peligro la supervivencia de muchas empresas nacionales que se verían perjudicadas ante una competencia desleal que entra en contradicción con los grandes principios liberales.
Además, debido a la urgencia del Gobierno nacional de que lleguen estas inversiones, la normativa establece que el plazo para adherirse al RIGI será de dos años contados a partir de su entrada en vigencia y con al menos un 40% de la inversión realizada en el primer año. Si bien la normativa no estipula un sector prioritario para las inversiones, los recursos en la mira son los del sector primario exportador: petróleo, gas y minerales como el cobre y el litio.
No hay en el RIGI ninguna propuesta de integración de la industria local con estos grandes proyectos de inversión
Las particularidades del RIGI para el sector minero
Para los legisladores sanjuaninos el RIGI es un apartado principal. Es que, junto con Catamarca y Jujuy, San Juan se encuentra entre las principales provincias exportadoras del sector minero. Incluso es la provincia que consta con cinco de los diez proyectos de cobre de mayor envergadura en la Argentina, todos en diferentes estados de avance. Es el caso de Josemaria, Filo del Sol, El Pachón, El Altar y Los Azules que permanecen a la expectativa.
¿Qué modificaría este régimen en San Juan? No demasiado. Las empresas con inversiones mineras en la provincia cuentan con beneficios que están estipulados, entre otras, en la Ley de Inversiones Mineras (N° 24.196) que contempla la explotación de minerales estratégicos como son el cobre o el litio. Estas empresas ya tienen garantizada, por las legislaciones vigentes, una estabilidad fiscal de 30 años, entre muchos otros incentivos similares a los que otorgaría el RIGI. Es decir, las empresas mineras que invierten en San Juan cuentan desde hace años con muchos de los incentivos que propone el RIGI. A diferencia de otros países de la región, en Argentina se cobra apenas un 3% de regalías cuando en Chile se cobra hasta un 40%. Con el RIGI, los inversores no harán más que incrementar su margen de beneficios y ganancias pero con menos condicionantes y más libertades. Todo esto sin tener en cuenta la preservación medioambiental que tampoco se contempla en el proyecto de la ley Bases.
Poroteo para el Senado: las claves del voto a voto
En la Cámara Baja los tres diputados sanjuaninos de Unión por la Patria (Jorge Chica, Fabiola Aubone y Walberto Allende) votaron en contra de la Ley Bases en general. Por su parte, José Peluc (La Libertad Avanza) y las dos diputadas orreguistas, Nancy Picón y María de los Ángeles Moreno (Producción y Trabajo), votaron a favor. Sin embargo, cuando tocó la votación por el RIGI fueron seis los votos afirmativos de San Juan. Los legisladores de UxP bajo el ala de Sergio Uñac dieron voto positivo exclusivamente para este capítulo en particular.
Los votos de los diputados uñaquistas van en línea con la política de Estado pro minera que tuvo el ex gobernador provincial durante sus mandatos. Es de esperar que Uñac, como actual senador, siga el mismo camino, aunque todavía no ha dado declaraciones públicas al respecto de su voto. Esta postura ha sido muy discutida por funcionarios del giojismo que están más alineados con la ex presidenta Cristina Fernández quien declaró que el RIGI es “el nuevo Estatuto Legal del Coloniaje versión siglo XXI: economía extractivista, sin valor agregado, sin eslabonamiento industrial, sin generación de tecnología, de investigación ni desarrollo”.
Los otros dos senadores por San Juan que deberán decidir son Celeste Giménez (UxP) y Bruno Olivera (LLA). Giménez dio indicios de ir en contra de todo el proyecto de Ley, incluyendo el RIGI. Olivera, como parte de los pocos legisladores de La Libertad Avanza en el Senado, acompañará el proyecto. Por lo pronto, el orreguismo no cuenta con senadores en la Cámara Alta. Sin embargo, el actual gobernador declaró recientemente que “ir en contra del RIGI es ir contra los intereses de San Juan”. Mientras tanto, la Ley continúa discutiéndose en comisiones del Senado. Habrá que esperar para ver el rumbo que toma la discusión una vez que vuelva a los recintos del Congreso de la Nación.
