Chile, de vuelta a foja cero

Jueves 08 de septiembre de 2022 – 16.23hs

Esta semana Chile amaneció con la misma Constitución que dictaron algunos de los personajes más oscuros que condujeron el país. Después de votar abrumadoramente por el NO en el plebiscito del último domingo que buscaba aprobar el nuevo texto constitucional, nada cambió y ese país hoy se sigue rigiendo por la Constitución pinochetista de 1980.

Colaborá con La Mecha – Suscribite acá

Esta vez los pronósticos se hicieron realidad: el 61,86% de la población que se acercó a las urnas -casi 8 millones de personas- votó que no estaba de acuerdo con la propuesta de Constitución. Autocrítico y a sabiendas de que esto podía pasar, el presidente de Chile, Gabriel Boric, deslizó: «No olvidemos por qué llegamos hasta aquí: ese malestar sigue latente y no podemos ignorarlo». Es que todavía quedan en la memoria las imágenes del 2019, cuando las y los chilenos dijeron BASTA. Ese estallido social del que el mismo Boric fue parte y que terminó por canalizarse en la promesa de una nueva Constitución. 

La Convención Constitucional fue una promesa de un Chile distinto. Por su propia composición, al principio se mostró distante de las elites, pero muchos dedos la acusan de, con el tiempo, haberse distanciado al final de la propia ciudadanía que decía representar. Los resultados están a la vista. El proceso ahora se ha interrumpido, pero no ha muerto. Continuará bajo condiciones diferentes, probablemente menos favorables para el gobierno y la izquierda después de una derrota tan contundente.

Un país que pedía un cambio 

Siendo testigos de los números de este fin de semana, quizá la reacción más obvia para quienes miramos todo esto desde afuera sea preguntarnos qué pasó con el estallido que Chile vivió en el 2019, que dio origen a todo este proceso constitucional en primer lugar. Fue la manera que encontró el gobierno del entonces presidente, Sebastián Piñera, de pactar una tregua con las y los manifestantes, cansados de un modelo que no los incluía. Sí, ese mismo que se elogió por décadas en América Latina hasta que fueron sus propios ciudadanos y ciudadanas quienes quisieron sacar a la luz su costado más oscuro.

Alrededor del 80% del pueblo votó en un primer plebiscito en 2020 que efectivamente quería una nueva Constitución. Al año siguiente eligió a quienes conformarían la Convención Constitucional para redactarla. La sorpresa de entonces fue que los partidos tradicionales fueron los grandes perdedores: los sectores de izquierda, los movimientos sociales, las figuras independientes obtuvieron más de dos tercios de las bancas. Con ese voto castigo, la derecha se quedaba sin los números que necesitaba para vetar artículos de la futura Constitución y la ciudadanía se enfrentaba a una forma mucho más directa de participación en la vida política. 

Para conocer más sobre el inicio del proceso constitucional, click aquí.

Después de aproximadamente un año de trabajo, un nuevo referéndum llamaría a las y los chilenos a votar este fin de semana por el Apruebo o el Rechazo al texto que nació de esa Convención. La asistencia a las urnas fue de un 85,81%, un número récord para un país como Chile. El resto es historia: los números dicen que ese texto es hoy letra muerta.

La constitución que no fue

Desde que se conoció el articulado de la nueva Constitución (y antes también), la acusación más obvia se hizo presente: es demasiado «radical». Obvia porque hay sectores que nunca quisieron en realidad cambiarla y que –Dios se apiade- alguien pueda tocar sus intereses, obvia porque hay quienes no tuvieron participación real en su formulación, obvia porque apostaba al todo o nada.

La nueva Constitución venía a proponer un nuevo Chile, un cambio de modelo en el que el Estado se hiciera mucho más presente que antes. Debía preocuparse por la educación, la salud, la vivienda, las pensiones: todas demandas del estallido. El nuevo «Estado social y democrático de Derecho» -como se le llamó en el nuevo texto-, iba ahora a proveer bienes y servicios que aseguraran que las personas gozaran de los mismos derechos. Esto no es menor, porque esos bienes y servicios básicos, en su mayoría, hoy se encuentran en manos privadas. 

Así, por ejemplo, la nueva Constitución proponía crear un Sistema Nacional de Educación que garantizara el acceso universal y promoviera la gratuidad en el nivel superior, una de las demandas de les jóvenes hace tiempo en ese país. Las universidades privadas levantaron la voz y también las del sistema mixto (privadas que reciben apoyo del Estado), ante lo que planteaban era un futuro incierto. A la salud, por su parte, la nueva Constitución la consagraba como un derecho y proponía un Sistema Nacional de Salud universal y público regido por los principios de eficacia, calidad, enfoque de género y no discriminación. Los aportes irían a un fondo común y no a las aseguradoras privadas, aunque dejaba abierta la opción de elegir prestadores privados. Claro que de todas maneras se escuchó el grito de «Se va a acabar la salud privada en Chile«. Para las pensiones, otro gran debate en ese país, la nueva Constitución contemplaba crear un sistema de seguridad social público financiado con rentas nacionales y cotizaciones obligatorias. Esto frente al actual sistema privado de las AFP. «Los ahorros ya no serán de la gente», se escuchó decir. Y, por supuesto, llegó el miedo más grande de todos: el fin del derecho a la propiedad privada, o al menos así lo llamaron quienes querían embarrar la cancha. El propio Antonio Kast, quien perdió en segunda vuelta contra el actual mandatario Gabriel Boric, decía en su cuenta de Twitter lo siguiente: 

Mientras denunciaban a la propuesta de «castrochavista», argumentando que el Estado iba a expropiar a diestra y siniestra, instalando el miedo de que la gente iba a perder su casa, la Constitución decía que toda persona tiene derecho a «una vivienda digna y adecuada» y que el Estado debe garantizar disponibilidad del suelo para construir viviendas. Quizá algunes no lo leyeron, pero también establecía el derecho a la propiedad en su artículo 78. Pero claro, siempre tuvo adeptos el argumento de que beneficios para les que menos tienen equivale a quitarle algo a les demás.

Esta Constitución quería además ser la primera en declarar a Chile un «país ecológico», que esta perspectiva permeara todas las decisiones del Estado. A este punto Argentina deberá prestarle atención en el futuro, teniendo en cuenta la relación entre ambos países para la explotación de recursos naturales. De la mano venía el debate sobre el agua. Hoy son los particulares los que tienen propiedad vitalicia sobre el agua (repito: hasta el agua privatizada, por si algune lo leyó a la ligera). La propuesta de nueva Constitución planteaba que el agua es un bien del que nadie se puede apropiar y el acceso a ella, un derecho humano.

El nuevo texto también ampliaba derechos para las mujeres. Proponía definir a Chile como una «Democracia inclusiva y paritaria» y que las mujeres ocuparan por lo menos el 50% de los cargos públicos. Además hacía foco en la salud sexual y reproductiva, cuidando a las maternidades pero también consagrando el derecho a la interrupción legal del embarazo. Como el nuevo texto no daba detalles sobre plazos (eso debía ser regulado por el Congreso), empezó a correrse la bola de que se podría abortar en cualquier punto del embarazo, incluso a los 9 meses. Esto frente a una actual Constitución que establece que la ley «protege la vida del que está por nacer».

Otro gran punto de conflicto fue que el proyecto de Constitución definía a Chile como un «Estado plurinacional e intercultural», reconociendo a naciones y pueblos indígenas. Estas comunidades, que representan el 12.8% de la población chilena, son invisibilizadas en la Constitución que hoy se encuentra vigente y ni siquiera las menciona. El nuevo texto les daba más autonomía al punto tal que les reconocía sus propios sistemas jurídicos. Esto encendió absolutamente todas las alarmas y prejuicios de una sociedad que asumió, empujada por ciertos sectores, que habría «ciudadanos privilegiados», que en un contexto de inseguridad los delitos de algunes quedarían impunes. Nada importó que se estableciera que estos sistemas jurídicos debían respetar la Constitución y los tratados internacionales y recurrir a la Corte Suprema como última instancia. Tampoco que políticas como estas ya sean comunes en países como Bolivia, Ecuador o Canadá.

Lo que todes se preguntan: ¿qué pasó?

«Recojo con mucha humildad este mensaje y lo hago propio», dijo el presidente Gabriel Boric tras conocerse los resultados. En un par de horas, el trabajo de estos años se había desplomado. Son muchas las variables que se conjugaron para llegar hasta acá. Algunos señalan al propio Boric y a la caída de su popularidad, la posibilidad de que la coyuntura le jugara en contra a una decisión que la trasciende, como lo es el establecimiento de una Constitución. Y es que el gobierno, como tantos otros, se enfrenta con las consecuencias de la pandemia, la guerra en Ucrania, los altos índices de inflación. El mundo se mueve en las tinieblas de un tiempo que todavía no termina de entender: el momento en el que se votó este plebiscito también influyó en el resultado. Diego Ibáñez, diputado de Chile, aseguró en una entrevista que, tras el estallido, la pandemia enfrió el proceso social que se estaba viviendo. Pero claro, fue mucho más que eso. 

Un texto largo, por momentos ambiguo, con complejidades técnicas que de repente el pueblo debía hacer suyo: el caldo de cultivo perfecto para las fake news, protagonistas importantes de esta historia. En cada uno de los vacíos que dejó esta Constitución, cada vez que anunciaba un derecho cuyas especificidades el Congreso debería establecer luego, nacían nuevos miedos, se alimentaba a la campaña del Rechazo. Sobre esto, La Mecha dialogó con Carla Chovar, abogada chilena y docente universitaria de Derecho Internacional Público y Derechos Humanos. «Se hizo una campaña a base de mentiras y gran parte de la ciudadanía votó convencida de esas mentiras. Los medios exaltaron a los convencionales más díscolos, a los que hacían el ridículo disfrazados o con frases polémicas, en lugar de resaltar el trabajo más serio de los juristas, de los equipos asesores, de la doctrina detrás de las «locas» ideas que impulsaba la Constitución«, asegura Chovar y finaliza determinante: «Impusieron un velo que impidió analizar en forma sería el mérito de la reforma».

Pero no todo es ver la paja en el ojo ajeno. Si la izquierda perdió una oportunidad histórica como esta, el mea culpa es un deber y una lección interesante para toda la región. Las izquierdas que no pudieron coordinarse (sorpresa), cada una intentando plantar bandera, sin que ceder fuese una opción. Ni que se diga de la centroizquierda alineándose con las fuerzas del Rechazo. Algunes aseguran que no fue estratégico introducir componentes «polémicos» como el aborto, el ambiente o el concepto de Estado plurinacional; que fue ir más allá de los reclamos del estallido. Pero, ¿no son acaso derechos también?¿qué los hace menos legítimos que el resto de las demandas que se vuelcan a las calles? En cualquier caso, no puede negarse que la izquierda lo quiso todo y lo perdió todo.

Hay una tristeza más allá de la derrota. No es sólo el texto vetado, es el fracaso de otra manera de hacer política: la primera vez que una Constitución iba a nacer en paridad, redactada por igual cantidad de hombres y mujeres; inclusiva con los pueblos originarios; un valuarte de la participación política de la gente de a pie. «El Estado seguirá acudiendo en apoyo de los más desvalidos por caridad, en lugar de hacerlo por mandato constitucional. Los desequilibrios que provocan la propiedad del agua, el sistema de pensiones y de salud seguirán siendo roca difícil de romper: esos son los verdaderos intereses preservados», asegura Carla Chovar.

El futuro no está del todo claro, pero hubo un primer plebiscito en el que casi el 80% de las y los chilenos aseguraron querer otra Constitución: ese es el legado que habrá que honrar. En su discurso, el presidente Gabriel Boric aseguró que se llevará a cabo una ronda de conversaciones para recoger las propuestas de los distintos sectores comprometidos con un nuevo proceso constituyente. Es el fin de esta Constitución pero no de este proceso, aunque habrá que discutir cómo se elige esta vez: si se votará otra Convención, si será el Congreso, un Comité de expertos. También si habrá paridad, si las reglas serán parecidas, si habrá lugar para les independientes por fuera de los partidos tradicionales. En cualquier caso, nada aseguraba que esta Constitución se convirtiera en un éxito. La abogada y docente chilena argumenta: «También había quienes intentaban afirmar que con la nueva Constitución seríamos Finlandia y que se acabaría la corrupción y otros vicios profundos.  Eso no era cierto evidentemente, pero no me cabe duda que impulsando la regionalización, el desarrollo de la ciencia, y avanzando en garantías sociales, podemos soñar ir un poquito en una dirección como esa».

Al final del día, las y los chilenos fueron a las urnas para decir que esta no es su Constitución, que no les representa. Más allá de todas las variables que influyeron para que eso suceda, una Constitución sienta las bases de la vida en comunidad, de la forma en la que queremos organizarnos, los consensos a los que estamos dispuestos a entregarnos para convivir de la forma más armónica posible. Por naturaleza, necesita de grandes mayorías. Quizá no era el momento de esta Constitución para Chile, quizá nunca lo sea.  Pero la historia no se escribe en un par de años nada más. Es tiempo de barajar y dar de nuevo, mal que nos pese.