PLANES SOCIALES: ¿DERECHO O CASTIGO?

El Gobierno de San Juan decidió quitar la asistencia social a los detenidos por la causa de intento de saqueo y saqueo de mercados en Rawson. En medio de un debate público que estigmatiza a trabajadores de clases bajas que reciben planes sociales del Estado, ¿Qué significa esta medida? ¿Está dentro de la normativa penal?

Miércoles 10 de agosto de 2022

El intento de saqueo del Supermercado Changomas y el saqueo de la distribuidora El Gran Almacén ocurridos el 30 de julio, dejaron un saldo de 21 acusados. Estas personas, como cualquier ciudadano que es inculpado de un delito, están atravesando un proceso judicial. Lo que resulta fuera de la norma en el caso es que el Gobierno decidió quitarles el módulo alimentario y el plan Potenciar Trabajo.

Desde La Mecha consultamos a Laura Garcés quién es Doctora en Ciencias Sociales, dirige la Maestría en Políticas Sociales de la UNSJ y ha sido investigadora del CONICET sobre la temática de los llamados “planes sociales”.  Sobre la decisión del Gobierno, Laura expresó: “En primer lugar, cuando una persona comete un delito los pasos que corresponden institucionalmente son investigar y aplicar medidas que están establecidas por leyes en un código penal. El sacar un beneficio social de ingreso no es parte de estas penas, esto es un castigo “adicional” que lo único que hace es ir en contra de la misma ley. Es una retracción de derechos”.

El sacar un beneficio social de ingreso no es parte de estas penas, esto es un castigo “adicional” que lo único que hace es ir en contra de la misma ley. Es una retracción de derechos”.

Este “castigo” del Gobierno hacia destinatarios de asistencia social no es casual, sino que se da en el marco de un debate nacional que tiene como centro de la discusión un estigma infundado. Concretamente, el prejuicio apunta sobre las clases bajas  y afirma que viven de planes y no fruto del trabajo. Sobre esto, la Dra. Laura Garcés comentó: “quienes hemos investigado sabemos que las personas que reciben planes trabajan, simplemente que no están empleadas”.

Según el último informe del Registro Nacional de Trabajadores de la Economía Popular (RENATEP), en Argentina existen 3.225.268 de trabajadores pertenecientes a este sector y en San Juan el número es 70.966. Los rubros de trabajo son diversos y van desde agricultura, construcción, industria textil y reciclado, hasta tareas de cuidado, sostén de merenderos e incluso medios de comunicación. La cifra indica un porcentaje significativo de trabajadores que están excluidos del empleo formal y que con sus propias herramientas inventan su trabajo y formas de subsistencia. Se trata de un fenómeno complejo propio del momento histórico y no puede ser definido bajo el estigma “son todos vagos que no quieren trabajar”.

En esta línea, Laura expresó: “Se estigmatiza a ciertos sectores y no a otros donde el Estado hace transferencias millonarias. Sabemos que en números reales las transferencias y beneficios económicos más grandes son para empresas y bancos y esto no se pone en discusión”.

Por otro lado, la especialista en políticas sociales hizo hincapié en que no se trata de defender saqueadores sino de poner en cuestión la medida del Gobierno. “La persona debe hacerse responsable de un delito pero eso no tiene nada que ver con quitar derechos a la salud, educación o subsistencia, además no es parte de la normativa penal, no está establecido legalmente”, aclaró la Doctora.

A modo de conclusión cabe una reflexión sobre el rol del Estado, el cual está presente e interviene en diversos ámbitos y para todas las clases sociales. La educación, la salud, la cultura, las necesidades básicas, la producción e industria, incluso el turismo y las vacaciones. Tanto las clases bajas, como medias y altas reciben asistencia del Estado y los planes sociales representan un número insignificante del PBI (1,3% según el presupuesto 2022) comparado con subsidios a empresarios. Entonces ¿Por qué el estigma apunta hacia los más vulnerables?

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