Los patrones del agua en San Juan

¿Quién decide cuánto y cómo se usa el recurso básico para la vida en la provincia? ¿Cómo se relaciona con el pasado productivo y el poder político de la provincia? En tiempos de escasez, los debates importantes se convierten en urgentes.

«El agua es vida». «El agua es valiosa». Algunos eslóganes hacen que el contenido real de lo que se dice quede nublado por la repetición infinita. El agua es el motor de todas y cada una de las actividades sociales, vitales y productivas. El agua permite los asentamientos humanos y es también un valor económico. En los últimos años, uno cuyo precio no para de subir.

Esto no es nuevo, pero la escasez actual del recurso lo convierte en una obviedad, en un tema urgente. Cuando tener agua para regar cultivos depende de tener una perforación que encarece el riego, lo que salga de la chacra será más caro. Así, comer será más caro y el debate de la disponibilidad del recurso se convierte en urgente.

Surge entonces la pregunta que pocos hacen en los medios sanjuaninos. ¿Quién gestiona el agua? ¿Quién decide para que se usan los pocos hectómetros cúbicos que trae el Río San Juan? ¿Quién se está quedando con lo poco que llega y por qué?

El para qué se usa es la respuesta más fácil, porque está medido y publicado muchas veces. El sector agrícola sanjuanino utiliza entre el 85 y el 95% del agua disponible en la cuenca del Río San Juan. En la cuenca del Río Jáchal el cálculo es similar. El resto del agua va para uso humano y para las industrias, incluida la minería.

Pero dejando de lado los porcentajes, es necesario hablar de quiénes toman las decisiones. Alguien abre y cierra las grandes canillas, que se calculan en hectómetros cúbicos, cada uno equivale a mil millones de litros. Esos son los actores principales de esta nota. Y el título no es casual, porque el agua tiene patrones, que son también patrones de estancia.

El manejo del agua actual en la provincia se definió en los años 70. Tras la crisis hídrica que empezó en 1968 y terminó cuatro años después, se trazó el gran plan de manejo del recurso. Empezaron a construir diques para guardar agua en los años buenos, empezó la modernización de canales y decidieron que el riego tendría una normativa propia. En el año 1978 quedó listo el Código de Aguas, la ley que rige la gestión del recurso.

En la década del ‘70 San Juan estaba en su auge vitivinícola, pocos años antes el consumo per cápita de vino era superior a los 85 litros anuales. Para comparar, hoy en día es de 21 litros y el sector festeja una mejora histórica. Más del 60% del terreno cultivable estaba destinado a vitivinicultura, principal motor económico provincial.

La sociedad giraba también en torno a las viñas. Las familias influyentes eran todavía las que se dedicaban a la producción de uva y vino. Eran también parte del poder político, social y mediático. Los apellidos Montes, Graffigna, Bórbore, Del Bono eran referentes vitivinícolas.

En ese contexto se escribió el actual Código de Aguas, que apenas tuvo modificaciones en los últimos 44 años. Esta norma prevé que toda el agua que va por los canales es un derecho de los regantes agrícolas. El caudal debe ser igual para todos, pero la cantidad de agua, que define el tiempo en que las compuertas a la finca están abiertas, depende de la cantidad de hectáreas. Mientras más grande la finca, más agua, sin importar qué tipo de plantación o sistema utilicen para regar.

Pero no solo eso, cada año el Consejo de Hidráulica debe definir cuánta agua se destinará a riego. Esto significa que pueden disponer de lo que trae el río o, como sucede desde el año 2017, cuánto sacarán de lo embalsado en los diques para continuar con la actividad. Este consejo, por ley, no es una autoridad solo estatal, tiene entre sus integrantes al director de Hidráulica y representantes de las Juntas de Riego, elegidos por los regantes. Esto significa que los agricultores votan directamente esta decisión.

Así, cada año, las reservas de agua dependen de lo que definan los representantes agrícolas según sus propias necesidades. En la temporada 2021-2022 un comité de responsables de los embalses solicitó al Consejo de Hidráulica regar menos durante el verano, ya que los diques sufrían daños por el nivel bajo y podía empezar a afectarse el nivel de agua necesario para consumo humano. La decisión no dependía de ellos, por lo que solo podían hacer un pedido. Casi un ruego.

La respuesta se tradujo en críticas, asambleas y, finalmente, un acuerdo a medias. Disminuyeron los días de riego, pero no al nivel que pidieron los especialistas. No sólo tuvieron que acordar con el Consejo de Hidráulica, porque luego salieron otros productores a criticar la medida y ejercer presión. Un grupo que no aceptó el acuerdo intermedio cortó la Ruta 20, exigiendo regar más días.

El pasado de monocultivo de la provincia suma otro problema. Cuando Hidráulica envía agua por los canales, tiene que alcanzar para todos, aunque no la necesiten. El crecimiento de otras producciones, como chacras, hacen que durante el invierno también saquen agua de los diques. La ley dice que todos deben tener sus canales llenos, aunque las viñas no lo necesiten. De esta manera, en los meses fríos, más del 50% del recurso se pierde.

Cambiar el Código de Agua es casi un tema tabú. Cada vez que se nombra esta posibilidad, las críticas del sector agrícola vuelven a sonar. Reclaman que les quieren privatizar el agua, a pesar de que obtienen un beneficio económico privado de un sistema que los beneficia principalmente a ellos. Reclaman ayuda del Estado para pagar perforaciones y cambios a riego por goteo, y a la vez critican que no tienen cosechadores “por los planes sociales”.

Durante la crisis actual hubo otras propuestas complementarias. A la Cámara de Diputados ingresó un proyecto para suspender derechos a riego, durante la crisis, a fincas que no están cultivadas, pero nunca ingresó al recinto. Tampoco existe un relevamiento de cuántas fincas que reciben turnos de agua y son, por ejemplo, barrios privados o canchas de fútbol de alquiler.

En este tire y afloje desparejo, en el que los sectores agrícolas tienen la ventaja, hay también rupturas internas. Mientras que, en verano cuando la uva necesita más agua, hubo menos días de corte que lo recomendado por el comité de embalses, en invierno no sacarán agua por tres meses.

Así, los más afectados serán los chacareros, el grupo de productores con menor margen de ganancia, compuesto en su mayoría por emprendimientos familiares y con menor acceso al crédito.

El agua en San Juan, valiosa y sinónimo de vida en los eslóganes, se trata como un bien económico desde hace décadas. El problema radica en que su gestión es a la medida de un solo sector, de los patrones de siempre.

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