El laberinto de las víctimas de violencia de género en la Justicia sanjuanina

“No estás sola. Denunciá.” ¿Cuántas veces nos encontramos con esta frase en nuestras cotidianidades? ¿Cómo nos puede acompañar integralmente algo tan frío? ¿Qué sucede cuándo denunciamos? ¿Qué pasa con nosotras y con nuestros pedidos de ayuda?

Se da por entendido que la denuncia no es lo único necesario para afrontar o solucionar un problema de violencia de género, ya que está atravesada por distintos factores. La denuncia es importante, pero insuficiente y simplista.  Es por tanto fundamental la existencia real de un acompañamiento psico-socio-legal para situaciones de violencia.

Todos los casos de violencia son distintos, es así que las estrategias de acompañamiento para cada persona que solicita ayuda son diferentes y particulares. En San Juan no existe un área de género, sin embargo se encuentran en funcionamiento instituciones como Dirección de La Mujer (forma parte del Ministerio de Desarrollo Humano), áreas mujer de cada municipio, Acercar Derechos (programa de mujeres, género y diversidad de la nación) y CAVIG (Centro de Abordaje de Violencia Intrafamiliar y de Género).

En todos los establecimientos el mecanismo de entrevista para con la persona que solicita apoyo/auxilio/asesoramiento es básicamente el mismo. El encuentro reúne a una psicóloga, una trabajadora social y una abogada. Es en este momento en el que, bajo una perspectiva de derechos humanos y de género, se debería brindar información y posibilidades a la persona que acude a alguna de estas instituciones. 

Según explicó Victoria Benitez, subdirectora de la Dirección de la Mujer, “no todas denuncian, no todas pueden, se asustan. En algunos casos es necesaria la denuncia, es la salida más rápida. Para las que no quieren denunciar está la posibilidad del pedido de solicitud de protección”. Esto último, abarca cuestiones como botón antipánico y orden de alejamiento, entre otras).

En este sentido, consultamos a mujeres que sufrieron diversas situaciones de violencia y estas fueron algunas de sus experiencias:

Andrea Morales, estudiante avanzada de la carrera de Trabajo Social, realizó sus prácticas en el área mujer del departamento de Chimbas y contó que durante este tiempo pudo observar acciones y situaciones preocupantes. “Teniendo en cuenta el poco presupuesto y la mínima cantidad de personal lo que se hacía era catalogar denuncias, se cajoneaban”, indicó. Andrea tenía la tarea de comunicarse con mujeres denunciantes, con las que el área municipal no había tenido ningún tipo de contacto ni seguimiento durante un año o más tiempo y, para llevar a cabo esta labor, también era necesario clasificar, no era posible llamar a tal cantidad de personas. “Catalogaban por prioridad, por riesgo de muerte. De 10 denuncias se tomaba 1, muchas se traspapelaban. La mayoría de las mujeres me puteaban porque nunca tuvieron seguimiento en un año, se arreglaban solas”, agregó.

Además, contó que en ciertos casos el acompañamiento implica el rescate de personas: “El personal se encargaba de buscar a las víctimas y llevarlas al Hogar Aurora, lugar de protección para las víctimas de violencia de género que no tienen un espacio en el que puedan residir o corren peligro inminente”.

¿Cuántos acompañamientos no se llevaron a cabo? ¿Cuántos pedidos de ayuda no fueron escuchados? ¿Cuántas vidas se perdieron? ¿Cuántas personas denunciaron sin tener idea del procedimiento? La falta de acción presupuestaria, de personal, de información y de contención son algunas de las fallas del sistema. El botón antipánico y las órdenes de alejamiento no siempre se consiguen, no siempre funcionan. El presupuesto que llega a la provincia para las instituciones encargadas de abordar la problemática no pudo ser alcanzado por este medio, no es de público conocimiento.

Cabe destacar que durante la presidencia de Mauricio Macri se vieron afectados tanto los programas de género como el presupuesto mismo para las instituciones que trabajan contra la violencia de género. Esto resulta un conflicto estructural que sigue representando, además, dificultad de acceso a la justicia, violencia institucional y desconocimiento sobre el tema.

Ante estas situaciones, emergen organizaciones sociales como ABOFEM (asociación de abogadas feministas) y Ni Unx Menos. Entidades como estas, no solo acompañan a las víctimas de violencia de género en las solicitudes de protección, en las denuncias, sino que, también promueven políticas públicas para garantizar derechos a las mujeres y disidencias, sostienen la agenda feminista en la provincia, trabajan en la implementación de políticas de prevención, de derechos sexuales reproductivos y no reproductivos, ESI, entre otras.

Dolores Córdoba, integrante de Ni Una Menos, comentó: “Como orga nos cuesta bastante sostener todo. Es un gran esfuerzo no pago, y vemos funcionarios a los que, al parecer, nunca les alcanza el tiempo, los conocimientos ni la voluntad política para dar respuesta a estos problemas que venimos planteando hace mucho tiempo y que se encuentran traducidos en leyes hace mucho tiempo”.

La red entre las diversas instituciones y organizaciones sociales se ha ido tejiendo con el tiempo, fundamentalmente con los acompañamientos. Ahora bien, es de vital importancia remarcar el estado crítico que manejan las entidades en relación con el CAVIG. 

Dolores Córdoba expresó que: “El CAVIG ve más la violencia de género sobre el terreno judicial, sin otra respuesta integral frente a un tipo de violencia estructural. Es una unidad fiscal que da respuestas a delitos penales. En los hechos, las mujeres que solicitan ayuda se desorientan. No solo hay desorientación en las personas que sufren violencia, sino también en la Policía, los funcionarios judiciales, ejecutivos y demás. El centro no funciona como su nombre dice, no hay contención ni información. Las comisarías deberían recibir denuncias de género, sin embargo no se hace.”

Desde la colectiva feminista, los encuentros con el CAVIG no son de mucho diálogo o receptividad, incluso se realizó una manifestación en la puerta durante la pandemia.

“Generalmente si no tenés abogada no obtenés respuestas en el CAVIG. Conozco gente que trabaja en el lugar, una de las causas es la falta de presupuesto y de tiempo”, contó Lucía Altamirano, de ABOFEM. El CAVIG actualmente cuenta con una oficina de la Dirección de la Mujer con el objetivo de abordar casos no judiciales. Aún así, los conflictos persisten. Dentro de este área las oficinas no son privadas, se encuentran separadas por media pared de durlock.

Dentro de los testimonios de personas que solicitaron ayuda en el CAVIG se presentaron quejas sobre los acompañamientos, describiéndolos como poco integrales y perecederos. Incluso, se manifestaron sobre el proceso de denuncia, asegurando que “fueron espantadas cuando les informaban que tenían que volver reiteradas veces a exponer su caso y se retiraban del lugar.” 

El reciente programa de nación, “Acercar Derechos” está planteado para realizar acompañamiento psico-socio-legal para situaciones de violencia previas o que estén sucediendo en el momento. Sin embargo, no se encuentran contemplados en él las situaciones urgentes, sino, más bien, acompañamientos a largo plazo.

La ventaja de este programa es el desarrollo del acompañamiento y seguimiento de la víctima. Las desventajas son, por un lado, la poca o nula articulación con el resto de las instituciones antes mencionadas y, por otro lado, la desorientación para la persona que acude en busca de ayuda. Es difícil pensar que una misma persona que sufre violencia de género tenga que, por ejemplo, ir a una comisaría donde no quieren tomarle la denuncia, ser derivada al programa y nuevamente ser transferida a otro lugar como al CAVIG o al área mujer municipal donde probablemente su descargo sea obviado. 

Victoria Benitez, comentó que “el Ministerio de Mujeres, Género y Diversidad está trabajando en pos de crear un sistema de carga de datos a nivel país, el cual permitirá visualizar expedientes, causas y denuncias de los agresores. Así mismo, el Ministerio facilitó el traslado de víctimas de provincia a provincia, algo que también se verá reflejado en el sistema”.

Este último punto es importante y agilizaría los casos de violencia de género. Es necesario atender estas demandas sociales y así propiciar respuestas integrales. También, es indispensable continuar fomentando el debate y ejecutar acciones referidas a una reforma judicial feminista.

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